Una directriz de Griñán hubiera bastado

Hace no demasiado tiempo, consejeras y consejeros de la Junta de Andalucía criticaban duramente al Partido Popular porque pedíamos explicaciones ante el escándalo de los ERE fraudulentos. Decían que «esto de los ERE no tiene recorrido, vds. han pinchado en hueso» y que era una cuestión «de 3 o 4 golfos».

En estos últimos días hemos asistido a múltiples detenciones, que a buen seguro no serán las últimas, y que corroboran que éste es el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia, con un modelo fabricado desde las entrañas del propio Gobierno autonómico para desviar dinero público bajo la apariencia de ayudas a empresas, a ayuntamientos y a personas con un denominador común: la vinculación al PSOE.

Pese a este escandalazo, el PSOE seguía como si nada durante estos últimos dos años en el Parlamento, negando la mayor y abroncando al Partido Popular porque este asunto se estaba utilizando políticamente.

Resulta increíble repasar la hemeroteca y ver cómo el Gobierno de Griñán le decía de todo al Sr. Zoido cuando éste denunciaba en el Parlamento lo que estaba pasando en Mercasevilla. Hay que recordar que el caso de Mercasevilla fue a la postre lo que permite descubrir la trama de los ERE.

La Junta intentó siempre apagar la luz sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de Andalucía, minimizándolo o intentando ridiculizar nuestras denuncias sobre el mismo.

Fue el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, quien inició acciones ante la Justicia para denunciar el origen de los ERE y gracias a ello hoy podemos conocer este monumental fraude.

La Junta ni denunció la trama ni quiso investigarla nunca, porque el fraude se alimentaba de la Junta y era la propia Administración la que decidía el reparto del dinero. Cada día está más claro que manejar tanto dinero público con el procedimiento de la partida del Fondo de Reptiles (31L) era imposible entre tres o cuatro personas, se necesitaba todo un equipo bien organizado, con mayor o menor grado de intervención en sus diferentes misiones.

Este escándalo de corrupción por la malversación de 1.200 millones de euros del dinero público de todos los andaluces y que debería haberse destinado a la lucha contra el paro abarca desde consejeros y directores generales hasta delegados provinciales, que actualmente están imputados y en la cárcel.

Esta tela de araña de corrupción habría bastado en la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos para que dimitiesen los presidentes de éstos. Aquí no, esto es especial («a mí de aquí me tienen que echar», dirían algunos).

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, está dispuesto a lanzar su mayor ataque dialéctico ante su imposible defensa. En la Comisión de Investigación fue incapaz de justificar, entre otras muchas cosas, la gestión (sin publicación, ni norma, ni siquiera solicitud) de ayudas millonarias a empresas afines al PSOE. Allí borró su nombre del dictamen merced a la red de su partido y de IU. Veremos cómo lo explica ante la Justicia si llega ese momento, y si para entonces aún sigue empeñado en esquivar su responsabilidad política.

*Portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía