Una empresa admite «presiones» por la lucha contra el fuego en Chile

La fiscalía económica del país americano las incluye en un requerimiento contra dos mercantiles andaluzas

La regulación son rayas rojas a respetar. La Fiscalía Nacional Económica de Chile vela para que no se traspasen en lo relativo a la libre competencia en los sectores productivos de la economía de ese país americano y el pasado verano interpuso un requerimiento contra dos empresas andaluzas, Faasa Chile y Martínez Ridao, por infringir un decreto ley «al acordar su actuación conjunta en el mercado» de aquel Estado «de servicios de combate y extinción de incendios forestales prestados mediante aviones cisterna, entre los años 2009 y 2015», como ya informó este periódico. Su investigación conllevó registros en instalaciones de las sociedades y la incautación de documentación que incluía correspondencia electrónica. Ésta permitió a esa Fiscalía aseverar que una tercera entidad «quiso ingresar al mercado chileno» con sus aeronaves y presentó una oferta para la provisión de servicios en ese territorio en julio de 2012, si bien luego «decidió retirar su oferta económica debido a las presiones que habrían ejercido ejecutivos de Faasa y de Martínez Ridao en España en orden a evitar su participación en el mercado chileno», según asevera el ente económico en su escrito, consultado por LA RAZÓN. Y lo hace para incrustar a continuación un email en el que desde la mencionada mercantil se explica al contratante que habían «preparado una propuesta final para poder ofrecerles» sus servicios hilvanados a «la extinción de lucha contra incendios», pero se vieron «obligados» a «retirarla» por varios motivos que exponen. En primer lugar se alude a que en España habían tenido «una campaña con mucha incertidumbre en cuanto a las fechas de finalización de contratos», si bien matizan que esa circunstancia la tenían «casi salvada». A ello suman, «en segundo lugar y principal», que habían «recibido muchas presiones por parte de Faasa y Ridao en España para que no» ofrecieran sus servicios en Chile. «Con estas dos empresas participamos mediante UTE –unión temporal de entidades– en algunos contratos con la Administración pública y actualmente la situación en España es muy delicada, por lo que no nos podemos permitir entrar en conflicto empresarial con ellos», admitieron en el cuerpo del correo electrónico, antes de pedir al potencial cliente que los disculpara por las «molestias» que su giro, aquella «nueva postura», le hubiera podido ocasionar y reiterando, con todo, su «interés en trabajar en Chile». Para la Fiscalía Nacional Económica ello obedecería al «patrón colusorio» que, a su entender, ha posibilitado que las dos mercantiles andaluzas señaladas hayan «concentrado casi la totalidad de las ventas relativas» a contratas para el servicio de extinción y lucha contra las llamas mediante aviones cisterna en los años analizados, lo que les confirió «un evidente poder de mercado». Fuentes de Faasa recordaron ayer a este diario que preparan alegaciones contra los argumentos como ése que se recogen en el mencionado requerimiento, además de un estudio económico con el que pretenden demostrar que «no se ha causado ningún perjuicio» en un sector en el que operan desde hace mucho tiempo y que mostrará la «realidad de la oferta que tiene esta industria». De otro lado, desde Martínez Ridao anotaron que en la actualidad la compañía elabora una «contestación del requerimiento», una «presentación en la que se expondrán los fundamentos de hecho y derecho en su defensa». Rehusaron hacer más declaraciones al respecto, al haber «un proceso judicial en curso», aunque sí mostraron su «convicción» de que no han incurrido «en ningún tipo de ilícito» y afirmaron que trabajan como lo han hecho «siempre», con «profesionalismo y eficiencia».

Ecologistas demanda actuaciones en España

Ecologistas en Acción, personada en el caso en el que se analizan contrataciones de medios aéreos para el Plan Infoca, se pregunta «cómo es posible» que la Fiscalía Nacional Económica de Chile haya actuado de oficio y «resuelto en un año», mientras en España la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, hasta la que también se elevó el asunto, «se inhibió» en favor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que «tampoco ha hecho nada». Fuentes de la organización aseguraron ayer a este diario estar además «extrañados» por que la Audiencia de Sevilla no haya contestado tampoco a «un recurso que presentó la Junta» en el marco de esa causa y que «está impidiendo que la jueza pueda enviar el proceso a la Audiencia Nacional».