Una técnico dinamita la versión de la Junta sobre Aznalcóllar

Para el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, competente en materia de minas, José Sánchez Maldonado, la concesión de la de Aznalcóllar (Sevilla) a la agrupación México-Minorbis, en detrimento de Emerita Resource, es «la más perfecta» en «la historia de España»; pero no deja de generar ruido.

La jueza que investiga las supuestas irregularidades en torno a ella, Patricia Fernández, citó como testigo a la trabajadora de la sociedad pública Invercaria que, según la Junta, fue designada para asesorar en lo relativo a la acreditación de la solvencia económica y financiera de las empresas que concurrieron al concurso minero internacional, Pilar Trujillano. La técnico acudió ayer al juzgado sevillano de Instrucción número 3, donde según aseguraron fuentes del caso a LA RAZÓN negó haber llevado a cabo «estudio de solvencia económica o de viabilidad alguno», dinamitando así la versión oficial armada por la Dirección General de Minas.

Trujillano permaneció en torno a una hora respondiendo a preguntas de la magistrada y de las partes personadas en el proceso. Expuso, según apuntan las fuentes consultadas por este periódico, que asistió «a dos reuniones» de alrededor de una hora cada una, a las que acudió «en sustitución de su jefe» de un día para otro, y reconoció no haber estudiado a fondo la documentación económica de las ofertas presentadas por las aspirantes a explotar el yacimiento minero. Confesó «no acordarse de nombres» de participantes en las mismas, pero narró que, mientras en la primera cita se abrieron los sobres de las propuestas y se miró por encima la documentación, en la segunda respondió a algunas cuestiones formuladas por el resto de la comisión designada por la Dirección de Minas para resolver el concurso. Un grupo al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial acusa de haber «sisado» puntos a la perdedora, Emerita, y de haber inclinado la balanza en favor de Magtel –integrante cordobesa de Minorbis, junto al Grupo México–.

Durante su declaración en sede judicial, la representante procesal de Ecologistas en Acción, organización personada en la causa, planteó de forma expresa a la empleada de Invercaria si había realizado «un estudio económico o informe de solvencia» de las empresas implicadas en el concurso de Aznalcóllar, a lo que Trujillano contestó, según fuentes de Ecologistas, que «en ese tiempo –el mencionado par de horas aproximadamente–, no se puede hacer un estudio de solvencia o de viabilidad de nada».

Sin embargo, desde la Administración autonómica insisten en que su testimonio «no se corresponde» con la declaración aportada a la jueza por los seis miembros de la mesa de contratación, además del de la directora general de Minas de la Junta, María José Asensio. Fuentes del Ejecutivo andaluz resaltan además las «discrepancias» que existen entre lo mantenido por la propia técnico ante la Policía, a la que contó, entre otras cuestiones, «que sólo estuvo en una única reunión»; y lo aseverado en el juzgado.

Para sustentar su relato, Asensio ha remitido a la instructora una documentación sobre la participación de Trujillano en este procedimiento que incluye una declaración firmada de los miembros de la mencionada mesa contractual sobre la actuación que la trabajadora de Invercaria habría desarrollado en la primera de las reuniones y la labor de asesoramiento en materia de capacidad financiera que allí se realizó.

El gobierno insiste: «Asesoró»

Del contenido de ese envío se desprende, según Ep, que al primer encuentro de trabajo en torno a Aznalcóllar al que se convocó a Trujillano fue el 28 de abril de 2014. En él, como la técnico dijo en el juzgado, se abrieron los sobres de las empresas concurrentes. Pero ahí se acaban las coincidencias porque desde el Gobierno regional se garantiza que se analizó la documentación de las tres empresas –entonces las candidatas a hacerse con la mina eran Emerita Resources, Minorbis y Nyrstar–, «con el asesoramiento de Pilar Trujillano en el apartado de la acreditación de la solvencia financiera de las licitadoras».

Es más, la directora general ha trasladado al órgano judicial que en aquel escenario se le suministró a la técnico de Invercaria incluso un ordenador con conexión a Internet en el que habría efectuado «las comprobaciones» que estimó necesarias e «informó, entre otros aspectos, de que la solvencia de Grupo México estaba garantizada». Luego, tras las deliberaciones oportunas, la mesa de contratación acordó conceder tres días a cada empresa para subsanar deficiencias que se detectaron.

En cuanto a la segunda reunión, a la luz de lo expuesto por la Junta, se hizo un resumen general de las bases del concurso y se revisaron punto por punto los diferentes criterios de valoración de la primera fase, aunque se optó por retrasar el inicio de la misma, para que todos los miembros se familiarizaran con dichas bases. Se determinó, eso sí, emitir una única valoración «consensuada» entre los miembros de la comisión técnica. La historia continuará.