Ventajas y obstáculos del nuevo perfil técnico del Gobierno andaluz

De las exigencias del rector, a los hechos políticos

En octubre de 2010, las universidades de Sevilla y Málaga dejaban de competir por separado para aunar fuerzas. Nacía Andalucía Tech, un campus tecnológico con el reconocimiento de Excelencia Internacional. Una colaboración que los ya ex rectores de las respectivas universidades quieren trasladar a la Junta de Andalucía. Ambos se encuentran ahora al frente de las dos consejerías relacionadas con el sistema educativo, del que el dirigente sevillano opina que debe configurar un todo. En esa línea, se dirigían las propuestas que como rector había lanzado a la presidenta, Susana Díaz, empezando por la gratuidad total del examen de segundo idioma B1. En sus tres años al frente de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano ha venido reclamando saldar la millonaria deuda contraída por la Junta con las nueve instituciones públicas, que al cierre de 2014 alcanzaba los 583 millones de euros. Sus antiguos colegas tratarán de arrancar un compromiso en este sentido al flamante consejero, que siempre se ha mostrado reivindicativo con la necesidad de cumplir los compromisos presupuestarios adquiridos. En un informe de noviembre pasado, recordaba que el departamento que ahora dirige se saltó el modelo de financiación acordado por el que debía destinarse el 1,05 del PIB andaluz a financiar el gasto operativo de las universidades, poniendo en peligro incluso el pago de nóminas. Unos recortes que, ahora, queda en su mano suprimir.

Ramírez de Arellano, sevillano de 1964, carga también en parte con la responsabilidad que supuso dilapidar casi diez millones de euros en el proyecto fallido de la Biblioteca Central de la US, que fue derruida a mitad de su construcción al ser declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Como vicerrector de Infraestructuras hizo suyo el fracasado proyecto y como rector hubo de aplicar la sentencia en agosto de 2012. Del agujero ocasionado a la Universidad nadie respondió públicamente.

En su toma de posesión, Arellano puso el acento en la coordinación con la Consejería de Educación, que dirige Adelaida de la Calle, ya que considera que «el sistema educativo forma parte de un todo». En ese marco incluye el certificado de segundo idioma B1, cuya gratuidad ha sido aprobada en el primer Consejo de Gobierno del viernes. Eso sí, el consejero apostaba por desligar su bonificación de las rentas y hacerlo extensivo a todo el alumnado e incluso adelantar su obligatoriedad, siendo preceptivo antes del acceso a la Universidad. En materia de educación superior, aboga por bajar los precios de los másteres y doctorados para igualarlos a los grados, otra exigencia como rector que deberá afrontar como máximo responsable de universidades.

En Economía, su principal deber será con los emprendedores, con los que existe el compromiso adquirido de aprobar una ley específica y la intención de Arellano de fundir las dos áreas de su Consejería –Economía y Conocimiento– para impulsar el tejido productivo andaluz.

Una gestión más allá de Wert y sin el lastre de la formación

Adelaida de la Calle llega para sustituir a otro malagueño, Luciano A-lonso, maestro de profesión pero curtido en la política de primera línea desde hace una década. Su paso por Educación puede resumirse con el «fraude de los cursos de formación», que vuelve a manos del consejero de Empleo sin haberse resuelto el análisis de los expedientes iniciado en septiembre de 2013. Casi dos años en los que Alonso ha hecho gala de su escasa cintura tras aterrizar en un departamento bastante menos tranquilo que el de Turismo y cuyo «leit motiv» ha sido la ferviente oposición a la Lomce del ministro José Antonio Wert, descuidando otras parcelas. Se libra la veterana rectora –once años ha estado al frente de la Universidad de Málaga– de un frente de desgaste para trabajar estrictamente en el ámbito educativo, en el que los retos no son pocos.

El consejero saliente deja además abiertos conflictos con los monitores administrativos escolares –muchos aún a la espera de sentencias para su readmisión– y sobre todo con el profesorado de Religión y de Formación Profesional. En el primer caso, los sindicatos CSIF, USO y ANPE han acusado de dejación de funciones a la Junta al derivar a manos de los directores o el claustro de cada centro escolar la decisión sobre la carga lectiva que debe tener el área de Religión en Primaria. El segundo frente se abrió al exigir una titulación superior al profesorado técnico de FP interino, que podría suponer el despido de un millar de docentes si no logran la preceptiva acreditación pese a su experiencia.

Desde el viernes, 30.000 aspirantes se examinan para lograr una de las mil plazas de maestro. Aun así, el próximo curso seguirán siendo más de seis mil los docentes «itinerantes» contratados en colegios andaluces.

De la Calle coincide con su predecesor en su beligerante oposición a Wert –del que anunció en su toma de posesión que dejaría el cargo la próxima semana–. Como presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), promovió el histórico plantón al ministro en mayo de 2012, tras la aprobación del decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto autonómico en Educación. Desde la Federación de Enseñanza de CC OO, ya han solicitado a la nueva consejera que retome el «diálogo roto en los últimos años» con las organizaciones sindicales.

A su cargo tendrá a un plantilla de 95.055 profesionales y 1,7 millones de alumnos, una gestión muy alejada de la que ha estado desempeñando en la última década. Dar un salto en la mejora de infraestructuras – 8.700 alumnos reciben clase en alguna de las 325 instalaciones provisionales repartidas por 174 colegios e institutos de la comunidad–, cumplir con los compromisos de implantación del bilingüismo o renovar los equipos portátiles deben estar entre sus prioridades.

La colaboración con su colega Ramírez de Arellano también está entre sus intenciones expresadas. Una alianza cuyo banco de pruebas podría considerarse el campus Andalucía Tech –codirigido por la US y la UMA–, al que la falta de financiación mantiene casi paralizado.