Sevilla
Verdemar avisa de un nuevo riesgo de vertido por un tanque del Peñón
Reclaman a Junta y Gobierno que «se interesen» por las obras del aeropuerto
Hubo un tiempo en el que las barreras entre Gibraltar y España se rompieron por un interés económico. El Gobierno de Gibraltar adjudicó en 2008 a la empresa OHL la construcción de su nueva autovía de comunicación con la Península y de acceso a su aeropuerto por un importe de 30,23 millones de libras, o sea, 35,78 millones de euros. El contrato incluía el diseño y la ejecución de una autovía de 1,24 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido, que conectaría el control fronterizo con España con la «Devil's Tower Road», y daría acceso a la «Eastern Beach Road» y a la «Catalan Road». También se llevaría a cabo un carril, paralelo a la carretera, y dos pasarelas para ciclistas y peatones. La vía proyectada circunvalaría el aeropuerto del Peñón y parte de su trazado se ejecutaría mediante un túnel de 350 metros bajo la cabecera 27 de la pista de vuelos. Los trabajos previstos incluían además un edificio para albergar el futuro centro de control y explotación de las instalaciones de los túneles, una zona de depósitos para el almacenamiento, carga y descarga de combustible de aviación, así como la ejecución de un nuevo sistema de aproximación a la cabecera 27 de la pista de vuelo, según informó la empresa.
Sin embargo, el Ejecutivo del Peñón rescindió el contrato después de finalizar las paredes del túnel en diciembre de 2010 y tras detectar la constructora española contaminación en el subsuelo. Unas filtraciones que, según algunas fuentes, podrían provenir del hidrocarburo que se suministra a los aviones y cuyas tuberías pasan por debajo de la pista de aterrizaje y están próximas al túnel que se pretende ejecutar. Meses después, se buscaba otra empresa que se hiciera cargo de los trabajos y OHL reclamó al Ejecutivo del Peñón más de 32 millones, según informó el número 6 de Convent Place que no está dispuesto a desembolsarlos. El proceso se encuentra en el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales.
Mientras, lo único «claro» para Verdemar-Ecologistas en Acción es que «se ha degradado enormemente una playa cercana a la de Levante, en La Línea de la Concepción (Cádiz)». Enclave limítrofe con las aguas incluidas en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Su portavoz, Antonio Muñoz, adelanta a LA RAZÓN que van a pedir al Gobierno central que «se interese por el estado de las obras y por si se han destinado a las mismas fondos españoles o europeos». Advierte de que «a pocos metros de la rompiente se ha instalado un tanque que han recubierto con un armazón de hormigón porque se lo come la playa» que, teme, «puede contener hidrocarburos ligados a la ampliación del aeropuerto». Un nuevo «foco de peligro» para el litoral andaluz, avisan.
«¿Qué ocurriría si se produce un derrame?», se preguntan, para exigir a las administraciones estatal y autonómica que «presten atención a esta cuestión».
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