Medio Ambiente
WWF insta a la Junta a reconsiderar el ilegal proyecto de Las Aletas
El TSJA anula el acuerdo de gobierno que lo sustentaba
«Ha triunfado la lógica». Ésta era la reacción de fuentes jurídicas de WWF, tras conocer que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno –del 11 de noviembre de 2008– por el que se declaró de «interés autonómico» el Proyecto de Actuación del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz «Las Aletas», que se pretendía ubicar en el término municipal de Puerto Real (Cádiz).
En el fallo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN se hace un repaso por el periplo de la iniciativa por distintas sedes judiciales, para dirimir, entre otras cuestiones, si la actuación tenía «una fundamentación adecuada que despeje cualquier duda de que el plan va decididamente encaminado a servir al interés público, sin resquicio alguno para cualquier tipo de especulación pública o privada que ensombreciera esa supuesta bondad que le hace dotarse de las prerrogativas» que le otorgó el Ejecutivo autonómico.
Para el Alto Tribunal andaluz ha quedado acreditado que el proyecto carece ahora de «objeto», al basarse en previsiones inviables e irreales. Para las fuentes de WWF consultadas los «antecedentes que ya existían» hacían presagiar este fallo del TSJA que, a su juicio, evidencia que «los cimientos del polígono industrial que se quería ejecutar no se sustentaban en la legalidad vigente».
Para la organización ecologista que ha pleiteado con la Junta por este asunto, «el plan de Las Aletas no es viable, no ya desde el punto de vista económico o medioambiental, sino desde la perspectiva jurídica». En ese sentido, piden al Gobierno autonómico que «reconsidere la situación» y si «realmente quiere contribuir al progreso y el desarrollo de esa zona gaditana, utilice polígonos que ya están a pleno funcionamiento y tienen espacios vacantes para acoger la actividad de Las Aletas –más de una veintena, según sus cálculos–». De esta forma, entienden, «se ahorrarían costes económicos y tiempo», al margen de «acabar de una vez» con la «sinrazón y el no respeto a la ley», que «ha caracterizado a Las Aletas desde su inicio», concluyen.
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