Zarrías demanda a la Junta por no pagar las minutas de su abogado

El ex consejero de la Presidencia y ex vicepresidente Gaspar Zarrías ha demandado a la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presentando un recurso contra una orden del 4 de julio de 2018 de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por no reconocerle su derecho a que se le reintegre en su totalidad el importe de las minutas de honorarios profesionales de su defensa en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que ha ejercido el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda. En su demanda, Zarrías invoca el derecho reconocido a todos los empleados públicos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a la defensa jurídica en los procedimientos que se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos, precepto aplicable también a la comunidad.

Zarrías fue imputado en noviembre de 2015 como presunto autor de un delito de prevaricación en el «caso ERE», cuya pieza política fue juzgada durante el pasado año en la Audiencia Provincial de Sevilla, en un procedimiento en el que Zarrías se enfrentaba a una petición de pena de la Fiscalía de diez años de inhabilitación. Como consecuencia de aquella imputación, Zarrías, solicitó a la Junta la representación y defensa por el Gabinete Jurídico, según explica el abogado en el recurso presentado el 17 de diciembre –día en el que quedó visto para sentencia el juicio de los ERE– ante la Sala de lo Contencioso-Administración del TSJA. Si bien, al estar la Junta personada como acusación, lo que suponía una situación de incompatibilidad, el encausado pidió que se le autorizara a contratar servicios profesionales, haciéndose cargo la Junta de los gastos devengados por estos servicios, gastos que pidió que fueran abonando a medida que se fueran devengando.

El 27 de abril de 2016 el entonces consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, dictó una orden por la que se reconocía a Zarrías el derecho al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador, «una vez recaída resolución judicial firme por la que se declare inexistente la responsabilidad penal del solicitante». Esa orden fue recurrida por Zarrías, impugnando la denegación del pago de los honorarios a medida que se fueran devengando y la necesidad de tener una sentencia que expresamente declare la inexistencia de responsabilidad penal del solicitante. En una nueva orden, esta vez de 22 de diciembre, la Consejería estima el recurso y reconoce el derecho de Zarrías a que, previa acreditación documental, se fueran abonando los gastos de defensa a medida que se vayan devengando, y dejaba sin efecto la exigencia de que haya resolución firme. Esa orden, como la anterior, señalaba que «los gastos de defensa deben ajustarse a los parámetros objetivos de honorarios aprobados por el Colegio de Abogados de Sevilla».