Zarrías se suma a la estela del informe presentado por Griñán en los ERE

Pide que se cite a sus dos autores para ratificarlo sin aportar otra pericial propia

El ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías

Pide que se cite a sus dos autores para ratificarlo sin aportar ninguna otra pericial propia

En la relación de diligencias de prueba que el ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías incorpora en el extenso escrito de defensa con el que pretende sacudir el «caso ERE» se incluye una vinculada a otro de los investigados: el ex presidente andaluz José Antonio Griñán. La defensa de Zarrías pide al juzgado, y a la Audiencia Provincial de Sevilla que será quien decida finalmente, que se cite a dos peritos: el catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Zornoza, y al catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Martínez. ¿Para qué quieren que se les llame? Con el propósito de que ratifiquen la «integridad» de los dictámenes de su autoría, esto es, el informe que la representación procesal de Griñán aportó en enero de 2015 cuando la causa fue elevada al Tribunal Supremo (TS) por afectar a aforados, y el complemento de dicho análisis presentado ante el mismo tribunal en junio de 2015.

Zarrías pretende así sumarse a las tesis defendidas por estos dos catedráticos que sostuvieron en su informe en esencia la legalidad de la figura de las transferencias de financiación y focalizaron las irregularidades en la gestión de los fondos públicos que se llevó a cabo en la Consejería de Empleo, frente a lo señalado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para quienes el uso de ese mecanismo con el fin de nutrir los pagos bajo sospecha les parece «inadecuado» e «improcedente». De hecho, el trabajo de estos últimos ha sido clave para sustentar la instrucción de la jueza que arrancó la «macrocausa», Mercedes Alaya, centrada en la idea de que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal para repartir ayudas entre trabajadores que se vieron afectados por un ERE y empresas en crisis.

Lo que no ha hecho Zarrías, al menos de momento, es pedir documental externa novedosa alguna ni la ha aportado. El ex alto cargo de la Junta sólo ha reclamado la lectura de «todos los folios de las actuaciones» en su escrito de defensa, consultado por LA RAZÓN, y de los escritos y documentos aportados por su representación a la causa. Zarrías insiste en que no ha cometido delito alguno y en relación a uno de los que se le acusa, el de prevaricación –el otro es el de asociación ilícita–, traslada al juzgado que «no ha dictado resolución alguna» de ayudas, que, en el supuesto de que se entienda que lo hizo, «ésta no sería flagrante y groseramente contraria a derecho», como sostiene el juez Álvaro Martín; y que «no tuvo conciencia» de la supuesta ilicitud de las resoluciones fantasma.