Agricultores y ganaderos piden precios justos y planes sociales para frenar la despoblación

La alianza UPA-COAG apunta también como retos para el mundo rural desarrollar la Ley Agraria y modernizar explotaciones.

Precios justos, el desarrollo de la Ley Agraria o medidas sociales que atajen el despoblamiento que sufre el medio rural impulsando la actividad de las explotaciones familiares agrarias en Castilla y León, son algunas de las demandas que reclama la alianza UPA-COAG de cara al año que acaba de comenzar.

A través de un comunicado, la OPA agraria apunta que uno de los principales retos para este año tanto a nivel nacional como regional, es reequilibrar la cadena alimentaria, para que tanto los agricultores como los ganaderos perciban unos precios justos por sus producciones.

Desde la organización se recuerda que 2017 «no puede convertirse en un año perdido como ha sido 2016», en el desarrollo de figuras claves para Castilla y León como deben ser el defensor de la cadena alimentaria, la Junta de Arbitraje y Mediación y el Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria, para resolver la problemática del desequilibrio de la cadena agroalimentaria «en los que unos eslabones pasan penurias y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos».

Desde la alianza agraria se reclama a la Junta que a través de la nueva Ley Agraria se dé un paso al frente y se aborde sin dilación alguna este problema.

Otra de las demandas para este año se centra en el avance en la consolidación del diálogo social agrario a través de nuevos órganos consultivos que permitan avanzar en logros que son urgentes para la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas especialmente desfavorecidas y acuciadas por el grave despoblamiento que sufre el medio rural. También se exige que se aporten soluciones a los sectores ganaderos de leche en la Comunidad «ya que un año más las condiciones actuales de precios se encuentran por debajo de los umbrales de la rentabilidad, algo que dejará al borde de la desaparición a cientos de profesionales por todo el territorio regional».

Desde UPA-COAG también se estará «muy vigilante» a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de 2016 ya para ello avisan de que seguirán luchando en los tribunales de Justicia para que se lleve a efecto la sentencia favorable del Tribunal Superior de, que ha decidido dar la razón a la Alianza contra la Junta, para que pague a 5.315 remolacheros los tres euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012.

De igual modo, la organización considera clave que la Administración regional actúe con responsabilidad ante los gravísimos perjuicios que toda clase de fauna silvestre está provocando en la agricultura y ganadería de la Comunidad. Por último, desde UPA-COAG se reclama a las Administraciones que los recortes sociales no sigan afectando a las mujeres rurales y por lo tanto al impulso del crecimiento económico de los pueblos. Para ello, señalan que es fundamental «avanzar en materia de igualdad, conciliación, sanidad, educación, infraestructuras y en servicios de atención a las víctimas de violencia de genéro en la Comunidad».