Apoyo al sector de la remolacha para hacer frente al impuesto dulce de Montoro que «demoniza» el azúcar

Castilla y León se moviliza en defensa del sector remolachero, uno de los cultivos más importantes de esta Comunidad, del que viven seis mil familias y que produce el 85 por ciento del azúcar en España.

Castilla y León se moviliza en defensa del sector remolachero, uno de los cultivos más importantes de esta Comunidad, del que viven seis mil familias y que produce el 85 por ciento del azúcar en España.

Junta, Asaja, Coag y Upa, las cooperativas, la patronal y Azucarera Ibérica y Acor firmaban ayer un manifiesto de apoyo abierto a las entidades y organizaciones que quieran sumarse -hoy podrían adherirse los partidos políticos en la propuesta que se debatirá en las Cortes- y que pretende hacer frente al impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas que prevé el ministerio de Hacienda a partir del próximo año.

Una medida «recaudatoria» que preocupa a un sector que vive un momento importante para su futuro por el fin de las cuotas de Europa en apenas medio mes, más que por el impacto económico que podría sufrir, que también, por el daño a la imagen que se haría del azúcar y el descenso en el consumo que provocaría. No en vano, según avanzaba Juan Carlos Rico, la cuarta parte de la producción de azúcar en la Comunidad se dirige a las bebidas carbonatadas azucaradas.

«No se puede demonizar el azúcar», decía la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, mientras advertía de que actualmente nuestro país importa 800.000 toneladas al año y si este producto llegase más barato habría problemas para dar salida al que se produce en la Región.

De llevarse a efecto al impuesto, los firmantes reclaman que al menos lo que se recaude por él se revierta en el sector después para paliar las pérdidas que sufra y que se realice un estudio del impacto económico colateral que produciría en el empleo en el sector.

«Si el azúcar es bueno o es malo, debería decirlo Sanidad y, si es malo, tendría que prohibirse y no poner un impuesto», denunciaba el líder de Asaja, Donaciano Dujo, quien alertaba de que con este impuesto se puede echar al traste todo el esfuerzo realizado en los últimos años por las administraciones, la industria y el campo para mantener a un sector muy castigado tras la reestructuración europea de 2005. «Hacer dogmas dietéticos es temerario», avisaba Gabriel Alonso, de las cooperativas Urcacyl. «Es pan para hoy y hambre para mañana», decía, por su parte, Ángela de Miguel, presidenta de los empresarios vallisoletanos en representación de la patronal, para quien todo lo que sea subir impuestos empobrece.

Desde la Alianza por la Unidad del Campo que conforman Coag y Upa, Aurelio González pedía más información y apostar por campañas que fomenten un consumo responsable y que no se demonicel azúcar «porque es necesario para la salud». Igualmente, recordaba que el sedentarismo es la segunda causa de obesidad infantil y apuntaba que podría instaurarse un impuesto a los videojuegos para combatirlo o dar ayudas a los que usen bicicletas para moverse.

A la espera de nuevas adhesiones, la semana que viene está prevista la creación de la mesa sectorial del azúcar que servirá para analizar perióicamenbte los posibles impactos y medidas a adoptar para el mantenimiento del cultivo.