Beteta y Martín Tobalina apuntan a Tomás Villanueva la compra del edificio de Arroyo

Los ex consejeros de Getsurcal coinciden ante el juez en que la decisión se tomó en Economía.

Las declaraciones ante el juez por el presunto caso de malversación de fondos en la compra del Centro de Soluciones Empresariales en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, conocido popularmante como la «Perla Negra», y del parque empresarial de Portillo, continuaban ayer con las de los ex consejeros de Gestrurcal, José Armando Beteta y Carlos Martín Tobalina.

Según fuentes judiciales, ya que ambos altos cargos, actuales director general de Presupustos y Estadística, y de Industria e Innovación Tecnológica, respectivamente, no han querido responder a las preguntas de los periodistas que esperaban a su salida del juzgado de la calle Angustias de Valladolid, han apuntado al ex consejero de Economía y Empleo en la pasada legislatura, Tomás Villanueva, como máximo responsable de la compra de ambas operaciones.

Unas declaraciones en las que coinciden también con las palabras del ex secretario general de la Consejería, Rafael Delgado, en una reciente entrevista a El Norte de Castilla, en la que aseguraba que la compra del edificio de Arroyo fue de Tomás Villanueva.

El nombre del ex consejero ya fue pronunciado ante el juez en relación a este caso el pasado 30 de mayo, cuando el ahora delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa, también le apuntó como el máximo responsable de la toma de decisiones en el asunto, además de reconocer que avisó al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, del precio desorbitado del edificio. Además, en el caso de la compra de los terrenos de Portillo, tanto José Armando Beteta como Martín Tobalina confirmaban que Trillo Figueroa reclamó en el consejo de Gesturcal la elaboración de un informe jurídico sobre su compra. Al menos, y según decían también fuentes judiciales, tanto Beteta como Tobalina, no dijeron ante el juez que no se acordaban de nada o negaron su presencia en los consejos de administración de Gesturcal, donde se decidieron la compra o el alquiler de las operaciones investigadas, como si hicieron los anteriores comparecientes.

Las declaraciones continuarán mañana, y están llamados a declarar el director general de Calidad y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Manuel Jiménez Bláquez, y el ex director general de Economía y ex presidente de ADE, Javier Rodríguez Segovia. Mientras que para el viernes, día 10, está previsto que declare Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Hacienda.

Esta investigación se inició en octubre de 2014, tras la denuncia del Partido Castellano ante la Fiscalía de Castilla y León de la presunta comisión de delitos por parte de los responsables de las empresas públicas de Castilla y León Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación, durante los ejercicios 2010 y 2011. Una denuncia que en diciembre se amplió a más ejercicios y en la que se apuntaba la posible comisión de delitos por la presunta adquisición de terrenos para futuros polígonos industriales, a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500 por ciento en el precio inicial de los terrenos.