Castilla y León

Casi dos mil ludópatas piden que no les dejen entrar en casinos y bingos

La Razón
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Cerca de dos mil castellanos y leoneses adictos al juego están incluidos por voluntad propia en un registro que gestiona el Ministerio de Hacienda por el que se les impide su entrada a cualquier casino o bingo. Un sistema del que forman parte personas que quieren poner fin a su adición aunque también están incluidas otras personas por resolución judicial. Se trata del registro general de interdicciones del acceso al juego que también veta el acceso al ludópata al juego a través de internet, ya sea de forma temporal o de forma indefinida.

Desde la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid valoran positivamente este registro, pero consideran que es una ayuda paliativa más que sólo permite cerrar una puerta.

Al respecto, advierten de que hay muchos más juegos que el casino y el bingo, por lo que piden que se limite la oferta del juego y que se gaste más en prevención para evitar afectados. .También solicitan mecanismos de control en todas las máquinas 'tragaperras' y otras de juego para garantizar la posibilidad de autoexclusión vía registro de interdicciones y la no utilización por parte de menores. Desde esta asociación llevan muchos años trabajando en ayuda de estas personas adictas al juego y consideran que la rehabilitación es posible. «Aquí no hay una pastilla mágica para rehabilitarse», señala Pedro Sánchez, presidente de la asociación, para quien la clave está en las terapias y en las ganas de dejar de jugar, informa Ical. En su opinión, también hay que aprender a decir no y controlar los impulsos, aunque considera que la solución al problema del juego pasa por la prevención y la educación, tanto en el ámbito familiar como en la escuela.

Pese a la crisis, el juego movió un volumen de negocio el pasado año superior a los 121 millones de euros en Castilla y León. Un sector, que aporta además 70 millones de euros de ingresos anuales para las arcas de la Comunidad, y que contribuye al mantenimiento de servicios básicos para los ciudadanos.

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