Castilla y León, referente en ayudas para la cooperación al desarrollo

Castilla y León es solidaria. La Comunidad no solo es líder en donación de sangre y de órganos, sino que se sitúa como referente en España en ayudas para la cooperación al desarrollo. Así, las administraciones públicas (Junta, ayuntamientos y diputaciones) destinan de media 3,3 euros a este fin por habitante.

Así lo deja patente un informe de la Coordinadora regional ONGD, que tras la recopilación de los datos correspondientes al ejercicio anterior, pone de manifiesto que Burgos, como es habitual en los últimos años, es la ciudad más solidaria de la Región, ya que el dinero que destina el Consistorio a cooperación llega a alcanzar los 5,19 euros por vecino.

Le siguen los ayuntamientos de Soria (3,65 euros), el burgalés de Miranda de Ebro (3,34 euros) y Palencia (2,12 euros por habitante). En el caso de Valladolid, fue de 2,76 euros por vecino, aunque la convocatoria de subvenciones de 2018 fue bienal, por lo que es previsible que este año no haya, lo que tendrá su incidencia al no existir continuidad en los proyectos financiados.

El Ayuntamiento de Ávila fue una de las administraciones que no sacó una convocatoria en 2018, en comparación con el ejercicio interior. De esta manera, se suma al Consistorio de Zamora sin subvenciones a esta materia.

En cuanto a las diputaciones, Valladolid encabeza el listado con 1,72 euros por habitante, pero ocurre lo mismo que con la capital, ya que fue una convocatoria de 895.000 euros para dos años.

De este modo, la institución provincial de Palencia fue la más concienciada con la ayuda a terceros país, con una subvención de 1,32 euros por cada habitante; seguida de Soria (1,12 euros) y Burgos (0,91 euros). En este apartado, la Diputación de León dejó de tener una convocatoria en 2018, por lo que son cinco instituciones provinciales sin ayudas para la cooperación al desarrollo con Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Con todo y con eso, los fondos destinados a aquellos países que más lo necesitan alcanzaron los ocho millones de euros, lo que supuso un aumento del diez por ciento con respecto al 2017. Además, el 51 por ciento del presupuesto corrió a cargo del Ejecutivo autonómico, seguido del 30 por ciento de los ayuntamientos y el 19 por ciento de diputaciones.

Y es así porque, como recoge la Junta en su portal, «la cooperación internacional para el desarrollo, no sólo es una exigencia ética y un acto de solidaridad, sino que constituye una necesidad ineludible e insoslayable, si se quiere afrontar el enorme desafío de acabar con la pobreza y la desigualdad».

Por ello, los países en los que más se enfocan las ayudas de las administraciones son Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina Faso en África; Guatemala y Nicaragua en Centroamérica; Bolivia y Perú en Sudamérica y la India en Asia.

En cuanto a la población atendida, son principalmente mujeres que pertenecen a poblaciones especialmente desfavorecidas; niños, con especial atención a la erradicación de la explotación infantil y a los menores que se encuentren fuera del sistema escolar o padezcan discapacidades; los jóvenes excluídos del sistema educativo y laboral así como los habitantes de los países en conflictos bélicos, desplazados y refugiados.

Menos cuantía para más proyectos

El autor del estudio, Ernesto Pascual, defiende que es mejor financiar un número mayor de proyectos aunque sea con menos dinero, porque con ello «se produce un efecto multiplicador». En este sentido, explica que se financiaron en 2018 292 proyectos. De ellos, la mitad corrieron a cargo de los ayuntamientos (140), mientras que las diputaciones y la Junta ayudaron, en cada caso, a 76 iniciativas en los países más desfavorecidos.