Cazadores y ecologistas enfrentados sobre la prohibición de cazar en fincas privadas

La cuenta atrás de cuatro años iniciada este mes de diciembre para que al finalizar 2020 se aplique la Ley de Parques Nacionales, que prohíbe la caza deportiva y comercial en los 15 existentes, ha encontrado discrepancias entre quienes defienden una práctica ancestral y colectivos ecologistas que apelan a su desarrollo sostenible.

La cuenta atrás de cuatro años iniciada este mes de diciembre para que al finalizar 2020 se aplique la Ley de Parques Nacionales, que prohíbe la caza deportiva y comercial en los 15 existentes, ha encontrado discrepancias entre quienes defienden una práctica ancestral y colectivos ecologistas que apelan a su desarrollo sostenible. Las prohibiciones se amplían además a la pesca, aprovechamientos hidroeléctricos, extracciones mineras y de áridos, y el sobrevuelo de estas zonas a menos de 3.000 metros.

La Red de Parques Nacionales ocupa una superficie de 384.504 hectáreas repartidas entre 19 provincias de 12 comunidades autónomas, y la última incorporación fue la del parque de la Sierra de Guadarrama, con 33.960 hectáreas repartidas entre Castilla y León y Madrid. El segundo parque sobre un total de 15 que tiene también origen castellano y leonés es el de Picos de Europa, territorio que comparte con el Principado de Asturias y Cantabria.

Desde la Federación de Caza de Castilla y León, su presidente, Santiago Iturmendi, entiende que la generación actual propietaria de los aprovechamientos cinegéticos en fincas privadas de espacios protegidos de ámbito nacional, y también regional, sea la que «condene» a otras que pudieran vivir de los recursos existentes en zonas rurales. «Se trata de la peor de las consecuencias, ya que unas personas que se lucran ahora se marchan luego, se convierten en urbanitas y lo hacen en detrimento de quienes en estas zonas de naturaleza puedan alcanzar un modo de subsistir», apunta.

Por su parte, el secretario general de la organización ecologista WWF-España, Juan Carlos del Olmo, sostiene que sin ser «anti caza ni mucho menos» el colectivo presentó enmiendas a la Ley de Parques Nacionales y fue «contundente», al entender que estos espacios protegidos «están creados para mantener y gestionar las condiciones más naturales posibles, lo que no quiere decir que no pueda o deba haber incluso un control de la fauna».