La Junta negociará las 35 horas «sin líneas rojas» siempre que se garanticen los servicios

Nuevo capítulo sobre la recuperación del funcionariado regional para la recuperación de las 35 horas laborales semanales. Desde la Junta, distintos miembros del Gobierno regional mostraban su disponibilidad para seguir negociando, mientras que desde los sindicatos ya mostraron sus primeras amenazas con un calendario de movilizaciones y que pueden derivar en una huelga general. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, insistió en que el Ejecutivo tiene la voluntad de hacer valer el acuerdo, aunque se postuló a favor de «poder mantener los servicios públicos esenciales y su normal funcionamiento por lo que es lo que los ciudadanos necesitan».

Del mismo parecer se postuló el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien manifestó que no va a haber «líneas rojas» aunque exige que no haya un perjuicio para los castellanos y leoneses, algo que corroboró también el consejero de Empleo, Germán Barrios, durante una jornada organizada por CCOO en Valladolid, donde su secretario regional, Vicente Andrés, aprovechó esta temática para reclamar a la patronal Cecale negociar la reducción de la jornada con la llegada de la digitalización para repartir trabajo.

Sobre este tema, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, apuntó una serie de condicionantes «económicos» y «criterios de equidad» para su aplicación. «Tiene que se una decisión global y a todo ello le sumamos la voluntad del Gobierno de la Junta para poder aplicarlo y que también que haya un escenario de estabilidad para que no haya que después volver a revertir esos derechos adquiridos de nuevo», manifestó.

Por su parte, a primera hora de la mañana de ayer los sindicatos CCOO, CSIF y UGT anunciaron un calendario de movilizaciones, que concluiría con una huelga general a primeros de noviembre, si la Junta de Castilla y León «no recapacita» y cumple el acuerdo a partir del 1 de enero de 2020.

Los tres plantearon a la Junta mantener el horario estival de 35 horas, iniciado en algunas áreas entre ellas educación y en los servicios de oficinas, y no volver el 1 de octubre a las 37,5, que se aplican desde el año 2012 con la crisis, y elaborar la normativa para que el 1 de enero los más de 80.000 empleados públicos puedan contar con la nueva jornada, si bien el Ejecutivo ha pedido 48 horas para dar una respuesta, por lo que hay convocada una reunión de ambas partes hoy.