Valladolid

Consideran que la compra de terrenos de Portillo fue un «negocio» para la Junta

El tribunal investiga una posible malversación de fondos públicos por parte de la empresa Gesturcal

Llegada al Juzgado de José Manuel Jiménez Blázquez, vocal del Consejo de Administración de ADE
Llegada al Juzgado de José Manuel Jiménez Blázquez, vocal del Consejo de Administración de ADElarazon

El empresario y uno de los accionistas de la promotora que cerró la venta de los terrenos del fallido polígono del municipio vallisoletano de Portillo, Luis Antonio Recio, aseguró en su declaración ante el juez que la operación no les dio un gran beneficio tras la «importante rebaja» del precio, por lo que la Junta «logró cerrar un buen negocio».

Preguntado por esta y más cuestiones durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid que investiga supuestas irregularidades en esta operación, Recio reiteró que el precio de la venta de los terrenos varió en diferentes ocasiones hasta el cierre del acuerdo, así como la forma de pago, que pasó de ser a plazos en lugar de un único pago.

Esta operación está bajo la sospecha del tribunal, que se encuentra investigando una posible malversación de fondos públicos por parte de la empresa pública Gesturcal, sociedad dependiente de la Consejería de Economía y Empleo y absorbida en 2008 por ADE Parques, que cerró el trato por la compra de estos terrenos por cerca de 37 millones.

Una sociedad pública que ese mismo año abordó la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, también en Valladolid, por un valor cercano a los 70 millones de euros, cuando su precio rondaba según una tasación posterior en torno a los 40 millones de euros.

Negocio, este último, que también se encuentra actualmente investigado el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ante la existencia de unos posibles sobrecostes en el precio final.

Precisamente un vocal del consejo de administración de ADE, José Manuel Jiménez, también defendió la operación realizada por la Consejería con la compra del edificio de Arroyo y que, según argumentó, venía respaldada por dos tasaciones.

Esta investigación se inició en 2014 tras la sospecha de la presunta comisión de delitos por parte de las empresas públicas Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación.