Deducciones de hasta 4.000 euros para incentivar la compra de coches eléctricos

Con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y los leonesistas de la UPL, las Cortes de Castilla y León daban ayer luz verde a dos importantes modificaciones fiscales.

La primera, es la deducción de hasta 4.000 euros en el Impuesto de la Renta (IRPF) de la que se podrá beneficiar cualquier persona que se compre un vehículo eléctrico o híbrido.

Y, la segunda, que afecta a las bonificaciones del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el que se abona al constituirse una hipoteca por una vivienda, por el que se eliminan las ventajas fiscales que hasta ahora tenían los bancos en la puesta en marcha de este préstamo bancario inmobiliario.

«Castilla y León apuesta por una movilidad sostenible y por ofrecer a los ciudadanos alternativas menos contaminante, en lugar de prohibir los vehículos de combustión fósil», destacaba el procurador del PP, Salvador Cruz, durante su defensa de la proposición de Ley, respecto a la deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del IRPF aprobada por la compra de un vehículo eléctrico de uso personal y no profesional. Una medida que será retroactiva desde el 1 de enero de este año, que convierte a Castilla y León en la tercera región de la España autonómica, tras Navarra y La Rioja, en contar con esta exención para fomentar la movilidad sostenible, «e intentar duplicar la venta de este tipo de vehículos menos contaminantes», afirmaba Cruz. Y es que, a día de hoy, el número de estos coches no propulsados por gasolina o diésel se acerca a las ocho mil unidades, cuando el parque móvil supera los 1,8 millones de vehículos.

Respecto al impuesto a las hipotecas, el cambio aprobado en el Parlamento autonómico tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo y en el posterior Decreto del Gobierno, que obligó a los bancos a hacerse cargo de dicho impuesto. Las bonificaciones fiscales de Castilla y León incluían una para jóvenes que adquirieran una vivienda, pero desde la aprobación del Decreto estatal eran los bancos los que se estaban beneficiando de la ayuda, Algo que ahora se elimina con este cambio propuesto por el PSOE, que no afecta a las sociedades de garantía recíproca como Iberaval ni a comunidades de regantes.

Apoyo a los funcionarios y al persona de salvamento

Las Cortes aprobaban también por unanimidad regular la subida del 2,25 por ciento de los funcionarios públicos de la Región para este año, con posibilidad de llegar al 2,5. Una medida «de justicia», según el vicepresidente De Santiago-Juárez, para un colectivo que con Zapatero en 2010 vi reducir su nómina un 5 por ciento, que fue del 10 para altos cargos. Además, el Parlamento daba luz verde a la homologación del personal de salvamento de las entidades locales con los de la policía local, que beneficiará 900 bomberos profesionales.