El Banco de Tierras fomentará la adhesión de jóvenes y mujeres al trabajo en el campo

La Junta inició la andadura del Banco de Tierras de Castilla y León en Burgos, un programa por el cual se persigue favorecer la integración de jóvenes, mujeres o entidades asociativas en el mundo agrícola al tener prioridad para ocupar las parcelas.

La Junta inició la andadura del Banco de Tierras de Castilla y León en Burgos, un programa por el cual se persigue favorecer la integración de jóvenes, mujeres o entidades asociativas en el mundo agrícola al tener prioridad para ocupar las parcelas.

Así, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, firmó un convenio de colaboración con 21 ayuntamiento, juntas vecinales y entidades locales menores de la provincia de Burgos a través de los cuales les cederá las tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria a estos colectivos.

De esta forma, la Consejería cede el uso de estas fincas a las entidades municipales que lo han solicitado por un periodo de cinco años para que las arrienden, de maner apreferente, a jóvenes, mujeres o entidades asociativas de la localidad o colindante. Las rentas obtenidas deberán destinarse a finalidades que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, especialmente a la conservación de sus infraestructuras agrarias. Una vez finalizado el plazo de arrendamiento, las fincas podrán pasar al Fondo de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicárselas directamente a estas entidades municipales o, en su caso, a otras corporaciones como las comunidades de regantes.

De esta manera, se pretende establecer un periodo transitorio ante la inminente creación del Banco de Tierras, permitiendo a los ayuntamientos beneficiarse de las mismas, lo que redundará, al mismo tiempo, en todos los habitantes del municipio, posibilitando, además, disponer de una reserva de fincas para favorecer nuevas incorporaciones al campo, uno de los compromisos de la legislatura del Gobierno Herrera, y cumpliando, a la vez, los preceptos de la Ley Agraria.

La formalización de los convenios pondrá a disposición de estas entidades una serie de fincas para su explotación y puesta en valor mediante su cultivo, con la consiguiente generación de riqueza para los agricultores y el beneficio ambiental que conlleva su aprovechamiento, limitando su degradación, la multiplicación de las malas hierbas y plagas y los fenómenos erosivos en estos terrenos.

Se beneficia, además, a colectivos con más dificultades y prioritarios en la estrategia y se posibilita la generación de recursos a las entidades locales para destinarlos al beneficios de los agricultores de la zona, especialmente para el manteminiento y conservación de los caminos y vías de comunicación entre tierras.