Valladolid

El Gobierno Herrera promueve la contratación de mayores de 55 años

La Junta destina 17,8 millones para este fin y respalda también el empleo de los agentes forestales

La portavoz del Gobierno Herrera, Milagros Marcos,informa de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno en posterior rueda de prensa / Rubén Cacho/Ical
La portavoz del Gobierno Herrera, Milagros Marcos,informa de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno en posterior rueda de prensa / Rubén Cacho/Icallarazon

Apuesta decidida del Gobierno Herrera para ayudar a los parados con mayores dificultades para encontrar un empleo. La portavoz del Gobierno Herrera, Milagros Marcos, anunciaba cuatro líneas de subvenciones, que forman parte del Plan de Empleo Local, y con un montante de 17,8 millones de euros que permitirá crear un total de 1.280 nuevos puestos de trabajo.

La primera de las líneas permitirá financiar la contratación de 250 trabajadores desempleados mayores de 55 años, en municipios de la Comunidad con más de 5.000 habitantes, y a través de las nueve diputaciones provinciales para desarrollar obras de interés general y social. Los beneficiarios de esta convocatoria recibirán como máximo 20.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo mínimo de 12 meses, siendo 400.000 euros el importe máximo por entidad beneficiaria.

Los criterios de distribución se han establecido en función del número de desempleados mayores de 55 años inscritos en el Servicio Público de Empleo. Asimismo, las Diputaciones y los municipios de más de 20.000 habitantes, podrán aportar una cuantía adicional con fondos propios para este fin.

Además, la Consejería de Empleo destinará otros cinco millones de euros para financiar los costes salariales de 250 trabajadores desempleados mayores de 55 años, que además sean beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía. A diferencia de la convocatoria anterior sólo serán beneficiarios los municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad, siendo 400.000 euros el importe máximo por ayuntamiento beneficiario. La distribución se realizará en función de dos variables; el 50 por ciento en relación con la media de parados mayores de 55 años registrados en el municipios durante el año 2017 y el otro 50 por ciento en relación con las personas dadas de alta en el municipio como perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

La tercera línea es de 4,5 millones de euros para financiar la contratación de personas paradas, de cualquier edad, beneficiarios de la RGC en municipios de la Comunidad con más de 5.000 habitantes para desarrollar obras de interés general y social. Los elegidos recibirán 10.000 euros por contrato a jornada completo por un periodo mínimo de 180 días. Los municipios de más de 20.000 habitantes, al igual que en las dos convocatorias anteriores, podrán aportar una cuantía adicional con fondos propios para aquellas personas que reúnan las condiciones.

Por último, se subvencionarán 3,3 millones de euros para financiar los costes laborales de la contratación de trabajadores en situación de desempleo a través de las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad. El objetivo es la realización de obras y servicios ligados a programas específicos de prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal, así como la mejora medioambiental de estas áreas.

Los beneficiarias de estas ayudas son todas las Diputaciones de la Comunidad y se ha establecido un importe mínimo para contar con cuatro cuadrillas por provincia con un importe igual en cada caso de 200.000 euros. El crédito restante se ha ponderado en base a los siguientes factores; un 50 por ciento en función de la tasa del paro provincial, un 50 por ciento en función de la superficie forestal de cada provincia, más un ajuste en función del número de incendios de cada provincia en los últimos cinco años.

Estas contrataciones serán de carácter temporal con una duración mínima de 180 días a jornada completa. Los destinatarios de las contrataciones serán trabajadores desempleados que estén inscritos como demandantes de empleo, en concreto jóvenes de 35 años sin cualificación, mayores de 45 años que carezcan de prestaciones, y personas en riesgo de exclusión social.