El Gobierno Herrera rechaza un déficit a la carta en defensa de la Comunidad

Se presenta «caliente» el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El hecho de que el pasado viernes el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, daba el visto bueno para dar dos años extra al Gobierno de España para reducir el déficit público al 3 por ciento del PIB, y de que el Ejecutivo central haya planteado que este déficit no se reparta de manera proporcional entre las autonomías, ha levantado las protestas de algunas comunidades, entre ellas la de Castilla y León, que ya ha avisado que no está dispuesta a consentir que haya un reparto a la carta, y más que beneficie a aquellas autonomías que no han cumplido con lo pactado a lo largo de 2012.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ya ha avisado en sus últimas apariciones ante los medios que Castilla y León va a defender que la cifra de déficit que se decida para las comunidades autónomas sea el mismo para todas, para controlar el gasto.

Otra de las tesis defendida por Del Olmo es que el reparto debe hacerse respecto al porcentaje del gasto, en el que las comunidades autónomas suman un 35 por ciento del total, el 15 por ciento los ayuntamientos y corporaciones locales, y más si se tiene en cuenta que el mayor esfuerzo por la reducción del déficit corresponde a las administraciones regionales, que en una primera aproximación debería reducir unos 5.000 millones de euros, las entidades locales unos 2.000 millones, mientras que el Estado, que es el que más gasta, incrementaría, según los datos del Ministerio de Hacienda el déficit este año en medio punto.

Lo que no se entiende desde Castilla y León, que también ha contado con el apoyo del Gobierno de Extremadura -liderada por el Partido Popular- es que se «penalice su esfuerzo de austeridad y se favorezca a otras regiones que han incumplido sus objetivos, en especial Cataluña.

También en el pasado Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez confirmaba la posición de la Junta en este sentido reclamando el reparto equitativo en las nuevas cifras -si finalmente el Gobierno también decide que las autonomías vean relajadas sus políticas de recorte- y en el caso de que no sea así, que el déficit del 1,2 sobre el PIB exigido para este año sea el mismo para todas las Comunidades. Y ésa es precisamente la postura que llevará la consejera de Hacienda a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Castilla y León y a se muestra cansada de que se eche la culpa de todos los males a las Comunidades Autónomas», advirtió.

El pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, la vallisoletana Sora Sáez de Santamaría también se refería a esta posibilidad tras ser preguntada en la posterior reunión del Consejo de Ministros. La portavoz recordaba a las comunidades que no están de acuerdo con la posibilidad de un reparto asimétrico que «se deben respetar los procedimientos» y que debe ser en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde los representantes de las autonomías deben exponeer sus criterios y necesidades, con un objetivo que predomina sobre todos los demás, cumplir el déficit a pesar del mayor margen concedido por la Unión Europea.