El nuevo Plan de Inspección Turística fortalecerá el control contra el intrusismo en el sector

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta está trabajando en el nuevo Plan de Inspección 2019-2022 que fortalecerá el control del intrusismo profesional con apoyo municipal. Se hará en base al convenio de colaboración suscrito en el año 2016 con los ayuntamientos de Salamanca, León, Palencia y Ávila.

Así lo plasmó el director general de Turismo, Javier Ramírez, quien apuntó que el objetivo se centra en «garantizar los derechos de los turistas y que todos los integrantes del sector cumplan la normativa y se adapten a la legalidad vigente».

En este sentido, explicó que se está tramitando un nuevo texto normativo con el objetivo de dar continuidad a las actuaciones derivadas del Plan actual.

De este modo, las principales actuaciones se centrarán en comprobar que las personas que ejercen la actividad de guía turístico en Castilla y León estén en posesión de la correspondiente habilitación. Las inspecciones se realizarán en los Centros de Recepción de Visitantes o en aquellas zonas con presencia habitual de grupos turísticos guiados y detectar, mediante la comprobación de la publicidad que realizan a través de las webs y en las plataformas digitales, aquellas viviendas de uso turístico o de apartamentos con este fin que no tengan autorización.

Por otra parte, el nuevo Plan se centrará también en controlar el cumplimiento de la normativa turística en agencias de viaje y de las empresas de turismo activo, verificando que mantienen los seguros activos y cuentan con personal adecuado.

En cuanto a la colaboración de los consistorios, esta se sustenta en la formación de la Policía Local por parte de la Junta. Será especialmente necesario en la comprobación de las declaraciones responsables de los alojamientos turísticos; asistencia a los visitantes en caso de reclamaciones; verificación de la habilitación de los guías y la formulación de denuncias en normativa del sector.

Asimismo, Ramírez anunció la creación de una mesa de trabajo permanente que coordinará las acciones municipales y de la Junta para conseguir que las viviendas de uso turístico operen legalmente y no existan agravios comparativos con establecimientos «que sí dan de alta a sus trabajadores y pagan sus tasas».