Escuelas Católicas justifican los donativos para mantener abiertos centros escolares

Escuelas Católicas justifica los «donativos colaboradores» para garantizar el mantenimiento de los centros escolares concertados de la Comunidad. El secretario autonómico de la agrupación, Antonio Guerra, aseguró que, «en ningún momento puede ser algo obligatorio», si bien, reconoció que «es una práctica autorizada por ley, y que contempla que los padres que la practiquen, tengan exenciones fiscales». En este contexto, señaló que los centros no pueden exigir el pago de estas aportaciones, que situó entre los 60 y 300 euros al año, a la par que indicó que, de no afrontarse, no pueden derivar en discriminación al alumnado.

Así las cosas, señaló que sólo ha habido dos casos en que se ha tenido que llamar la atención a colegios por esa obligación impuesta a las familias, concretamente a uno de Valladolid el pasado curso, y a otro de León en el inicio del presente.

A casi 2.000 euros del ideal

Guerra recordó que esos recursos evitan el cierre de colegios, dado que en Castilla y León la partida de gastos de funcionamiento que inyecta el Estado en cada centro supone 5.780 euros por aula de infantil y curso, lejos de los 7.630 euros (un 30 por ciento más) se requerirían para un funcionamiento idoneo, a su entender. El secretario autonómico de Escuelas Católicas -que agrupa a nueve de cada diez concertadas existentes en Castilla y León- incidió en que el donativo colaborador repercute en el resto de ámbitos paralelos al académico, es decir, el gasto en personal administrativo, limpieza, energía, mantenimiento o reparaciones.

De hecho, según detalló, la crisis también está teniendo una clara repercusión en la enseñanza concertada, con una caída en los recursos presupuestarios recibidos de unos 30 millones de euros en el último año, lo que, unido a la menor escolarización y a la bajada de esos citados donativos, ha derivado en el cierre de ocho colegios, la mayoría en el medio rural castellano y leonés. Guerra destacó que los recortes han hecho que la Comunidad haya perdido 189 aulas, de las que 81 son de infantil, 76 de apoyo a minorías y 32 del centro Armenteros de Salamanca. Algo que ha supuesto que 123 docentes estén sin trabajo, aunque un acuerdo a tres bandas entre Junta, sindicatos y patronal les pone en la parrilla de salida para volver a enseñar.