Herrera aplaude los cambios en la reforma local que incluirá aportaciones de la Junta

Más de dos horas de intensa, «lógicamente amable» y positiva reunión dan para mucho. El encuentro sirvió para conocer que este viernes se debatirá en Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno, y que saldrá adelante con bastantes variaciones, con respecto a sus pretéritos borradores. El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, daba detalles de la reunión mantenida por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a la que también acudía la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Concretamente, De Santiago-Juárez incidía en que «no se han atendido el 100 por ciento de las sugerencias y críticas a la reforma local planteadas por la Junta», al igual que hiciera, a través de un dictamen, el Consejo de Estado, pero sí muchas de ellas.

De manera que, en palabras de De Santiago-Juárez, «el texto que llegará el lunes a la mesa del Consejo de Ministros, es completamente compatible con el que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León». Algo sobre lo que «la Junta nunca tuvo ninguna duda, cuando otros sí hicieron públicas las suyas». Si bien, aclaró que «que el modelo sea compatible no quiere decir que nos guste», para, a renglón seguido, destacar que «el bueno» para la Comunidad es el que se aborda en el Parlamento autonómico. El portavoz detalló que el documento final que cocina el Ministerio dará una mayor participación a las autonomías que puedan ejercer la tutela financiera -siete en total, entre ellas Castilla y León que contemplan esta posibilidad en sus estatutos-, de manera que los municipios no perderán sus competencias si no dan respuesta a las exigencias que se les impongan desde el Estado.

Igualmente, se elimina la denominación de «coste estándar» para costear la prestación de servicios públicos, lo que se sustituye por el coste efectivo, «más acorde con las características de Castilla y León», expuso el consejero, tras recordar que en nuestra comunidad autónoma es clave aplicar financiación a partir de criterios como la densidad, la dispersión o el envejecimiento poblacional, entre otros.

Asimismo, explicó, se «relativiza» el papel de las diputaciones provinciales. Esto supone que seguirán prestando la función de asesoramiento a corporaciones locales y colaborarán con los municipios adscritos a su ámbito territorial, con la consiguiente desaparición en la norma del Consejo de Alcaldes que, inicialmente, estaba previsto crear.

Aire para los pueblos

«No queríamos municipios vacíos de funciones», reflexionó, con respecto a este punto el consejero. De Santiago-Juárez, acompañado en rueda de prensa -ya en Valladolid- por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, consideró que también se flexibilizarán plazos para que los municipios (en particular los más pequeños y con menor capacidad resolutiva) puedan asumir la futura Ley, dado que se les exigía una rendición de cuentas en tres meses para entidades locales menores y la intervención a los ayuntamientos incumplidores.

Por último, recordó que «pedíamos una disposición especial para Castilla y León» y lamentó que no se haya dado una vuelta a las mancomunidades, que, a su entender, «no han servido».