La España autonómica planta cara en la Cumbre de León

La España autonómica plantó cara, en la Cumbre celebrada en León, en defensa de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Una vez más los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Asturias, Javier Fernández; y de Aragón, Francisco Javier Lambán, dejaron de lado sus colores políticos -los dos primeros del PP y los dos segundos del PSOE-, por el bien de sus vecinos.

Los cuatro presidentes autonómicos suscribieron una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno de España que impulse un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad que ayude a frenar el «grave» problema de despoblación que sufren, entre otras cuestiones.

Juan Vicente Herrera aseguró que el proyecto «debe partir de las necesidades de gastos reales, esto es, del coste efectivo de la prestación de los servicios públicos esenciales, para poder garantizar su prestación».

Asimismo, indicó que el acuerdo firmado por los cuatro territiorios, -que suman 7,5 millones de habitantes y el 36 por ciento del territorio-, solicita que el proyecto tenga en cuenta, además del criterio poblacional, otros como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento.

El presidente de Castilla y León apostó por que el modelo potencie el principio de suficiencia, y garantizar así que las regiones dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro.

También afirmó que el nuevo sistema de régimen común debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas. En este sentido, Herrera quiso dejar claro que el proyecto «no tiene que perjudicar a las Comunidades Autónomas más cumplidoras».

Cohesión y solidaridad

Además, los cuatro presidentes coincidieron en señalar sus posturas compartidas de lealtad institucional en el marco constitucional, de cohesión territorial y de solidaridad en todo el Estado. «Una transferencia de unos territorios a otros en ningún caso es un regalo ni un subsidio sino que es un derecho por pertenecer a un mismo espacio único compartido, que en este caso se llama España», defendió Javier Fernández.

En la misma línea, el presidente de Galicia indicó que «la lógica de este encuentro sería incomprensible para quienes intentan transformar los límites autonómicos en fronteras y los desacuerdos políticos en franjas insalvables pero estoy seguro de que la inmensa mayoría de los españoles quiere que se recupere la vocación dialogante y pactista».

Núñez Feijóo explicó que «lo que buscamos exclusivamente son las cuentas claras; el coste efectivo de lo que cuesta prestar un servicio, lo que haría un Estado que no estuviese descentralizado. Nunca se haría un sistema de financiación exclusivamente en función del número de habitantes sino del coste efectivo».

Francisco Javier Lambán subrayó que «una España avanzando a dos velocidades; con una insuficiencia de financiación debida a la despoblación y otra con una financiación menos conseguida, ni se atiene al espíritu constitucional ni a los elementales principios de justicia y equilibrio que creo que nos inspiran a los aquí reunidos», informa Ical.

Por otra parte, los cuatro presidentes también afirmaron que urge la presentación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y que se tenga en cuenta que la crisis demográfica es un problema de Estado, para el que hay que buscar soluciones y políticas que impliquen a todo nuestro país.

Además, dada las características demográficas que comparten las cuatro comunidades (despoblación, dispersión territorial, envejecimiento) consideran de especial importancia la elaboración y puesta en marcha de una Estrategia de Cooperación Territorial contra la Brecha Digital que abarque las medidas que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida (cobertura de más de 30Mbps para toda la población en el año 2020 y la mitad de hogares contratados de más de 100Mbps).

Respaldo a la minería

Otro de los temas que analizaron fue el sector del carbón, y los presidentes de Castilla y León, Aragón y Asturias suscribieron una declaración conjunta que plantea sus reivindicaciones comunes en el sector minero y reclamaron una transición energética «progresiva, equilibrada y no traumática».

En este sentido, defendieron la necesidad de actuar para «evitar el gravísimo impacto social y económico que los cierres de las explotaciones mineras producen en sus respectivos territorios».

Juan Vicente Herrera declaró que el acuerdo llega debido al «largo y duro» proceso de reestructuración del sector y de la generación eléctrica con carbón autóctono.

También remarcaron la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la energía que establezca un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro, «con mayor presencia de energías renovables, y que defina el camino de la necesaria transición energética hacia el mismo, compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de los recursos autóctonos».

Así, reivindicaron un escenario de estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre empresas eléctricas y mineras, la presencia de al menos un 5 por ciento de carbón nacional en el mix energético y que se dé preferencia al mineral español en las centrales térmicas, tal y como permite la actual Directiva europea del Mercado Interior de la Electricidad.

Al respecto, insistieron en el carácter estratégico del carbón, como energía «segura y barata», según Francisco Javier Lambán. El jefe del ejecutivo asturiano, Javier Fernández, afirmó que lejos de ser «negacionistas», son partidarios de las energías renovables pero remarcó que ninguna de ellas «son gestionables y necesitamos otras de respaldo».

Además, los tres presidentes reclamaron el mantenimiento de las centrales térmicas, «promoviendo las medidas de apoyo que sean necesarias, al menos hasta el año 2030».

El acuerdo apuesta a su vez por el endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación, para que los criterios de decisión empresariales no dependan únicamente de la seguridad de suministro eléctrico, sino que se tengan en cuenta además la competitividad económica, la dependencia energética y el interés de familias y empresas.

En este sentido, el presidente de Castilla y León señaló que «no podemos entender ni tolerar decisiones de cierres anticipados unilaterales por parte de algunas empresas; podrán tener autonomía para tomar decisiones pero en la política energética tienen que hablar los poderes públicos y por tanto la última palabra la debe tener el Gobierno».

Por último, apoyaron la necesidad de establecer una fórmula que permita una «adecuada flexibilidad» en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras, para que las compañías viables puedan continuar operativas más allá de 2018, y reclamaron una revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias del carbón.