Castilla y León
La fiscal Boado insiste en que ante el maltrato «hay que denunciar»
La delegada de Violencia de Género en Castilla y León, María Boado asegura que las estadísticas «no reflejan la violencia machista existente».
La delegada de Violencia de Género en Castilla y León, María Boado asegura que las estadísticas «no reflejan la violencia machista existente».
«Si la mujer no denuncia a su agresor el fiscal no puede actuar y por lo tanto no puede mandar una orden de protección». Son palabras de la delegada de Violencia de Género en Castilla y León, María Boado, ayer en las Cortes regionales, donde comparecía para hacer balance y evaluar el cumplimiento de la Ley contra la Violencia de Género en nuestra Comunidad. Allí, advertía de que no denunciar es el primer gran problema al que hay que enfrentarse para proteger a una mujer víctima de malos tratos.
La también fiscal de la Fiscalía Provincial de Burgos aseguraba que las estadísticas «no reflejan la violencia machista existente», y reclamaba la puesta en marcha de protocolos de denuncia similares a los que existen en la Sanidad pública, y aplicarlos en los centros educativos y en los propios Servicios Sociales.
Entre las carencias detectadas en Castilla y León en la lucha contra esta lacra social, María Boado ve necesarios más medios policiales y judiciales para mejorar la protección de las víctimas, así como un incremento del personal y del número de puntos de encuentro familiar.
La fiscal reclamaba también una mayor implicación de los medios de comunicación a la hora de informar de los derechos de las mujeres que sufren malos tratos, y aseguraba al respecto que el teléfono 016 es «insuficiente» y que llega más a la gente una cuña televisiva o radiofónica que este número telefónico.
Boado alertaba también de la «saturación» existente en los puntos de encuentro, así como de la dificultad que plantea su bajo número en esta Comunidad por la dispersión territorial.
Y, finalmente, denunciaba la falta de unidades de valoración integral que existe en los juzgados de la Comunidad, lo que está provocando retrasos de hasta ocho meses en los informes periciales y que pase un año de tiempo entre que la mujer agredida pone la denuncia y se celebra el juicio. «Este hecho genera una victimización en la mujer», lamentaba la delegada de Violencia de Género.
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