La Junta niega que exista fraude en las ayudas concedidas a los dependientes

Sorpresa y estupor en el Consejo de Gobierno y en el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al tener noticias de un informe del Tribunal de Cuentas que desvela que un total de 4.105 fallecidos castellano y leoneses figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia entre los años 2007 y 2011, percibiendo de manera indebida más de 19 millones de euros.

«Nosotros no hemos reclamado ni solicitado ninguna devolución por que no hemos detectado ningún fraude en ninguna familia de la Comunidad», aseveraba contundentemente De Santiago-Juárez, quien explicaba que la administración regional cuenta con un mecanismo de control interno y que hacen un seguimiento a través de las funerarias para detectar alguna posible irregularidad, además de que la prestación al dependiente la realizan servicios profesionales.

Error del Imserso

«Se trata de un error del Imserso y ellos lo tendrán que explicar», indicaba el portavoz. Concretamente ese órgano está dirigido por el que fuera consejero de Familia y de Igualdad de Oportunidades de la Junta, el palentino César Antón. Además, subrayó que estos datos no se dieron a conocer en la tarde del miércoles durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en la capital de España.

En otro orden de cosas, el portavoz de la Junta se felicitó de que Castilla y León sea líder mudial en cuanto a donación de órganos, con 51,1 donantes por millón de personas. En este sentido, explicó que durante el pasado año se realizaron en la Región un total de 397 extracciones de órganos y 283 trasplantes de órganos de los que 117 fueron renales (56 en Salamanca y 61 en Valladolid); 57 hepáticos; seis de pancreas; 106 de córneas y cinco cardiacos. Por ello, se congratuló de la «solidaridad» y «altruismo» de la Comunidad.

Tampoco podía dejar de aparecer la ordenación del territorio y sus consecuencias para Castilla y León. El consejero de Presidencia destacó que las directrices marcadas desde el Gobierno de España «casan correctamente con lo que se hace en Castilla y León».

De esta manera, De Santiago-Juárez manifestó su determinación por que todas las entidades locales deben cumplir con dos exigencias: estabilidad presupuestaria y endeudamiento. Por ello, arguyó que el anterproyecto de Ley «no hace desaparecer nada», sino que insta a los ayuntamientos a juntarse para ofrecer unos óptimos servicios.

«La que no sea eficiente perderá sus competencias y las ejecutará una administración superior», insistió a la vez que recordó que el 76% de los municipios de Castilla y Léon cuentan con menos de 500 habitantes.