Andalucía

La Junta no descarta rebajas impositivas y presume de su trato fiscal a las familias

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa de ayer
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa de ayerlarazon

«Nunca estaremos cerrados a revisar nuestros tributos para abordar una bajada de impuestos». Son palabras del consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien, ayer, tras el Consejo de Gobierno de los jueves, consideró que aún hay variables por conocer, como la senda del déficit, que debe establecerse en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, de cara a tomar decisiones en ese ámbito.

De esta manera se refería De Santiago-Juárez al anuncio hecho por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, apuntando que «nos parece bien, porque él es quien conoce su verdadera situación presupuestaria», ahora bien, consideró que en la extrapolación a Castilla y León de esa realidad es inaplicable porque «es muy difícil bajar lo que uno no ha subido».

Una reflexión que desarrolló indicando que en nuestra Comunidad no se ha tocado el tramo autónomico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los diferentes planes de ajuste que se han llevado a cabo en los últimos cuatro años, algo que, enunció, sí hicieron comunidades autónomas como la extremeña, Andalucía, Cataluña o Baleares, entre otras, en particular durante la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa.

De manera que, según expuso el consejero portavoz, «Extremadura intenta converger, por ejemplo, con la presión presupuestaria que tiene Castilla y León, de manera que se acerca a nuestra posición».

Diferente trato

En este punto, De Santiago-Juárez destacó un informe del Consejo de Economistas de España según el cual se incidía en que el Gobierno de Castilla y León es el que mejor trata fiscalmente a las familias contribuyentes.

De Santiago-Juárez quiso ahondar, a renglón seguido, en las diferencias existentes entre la realidad fiscal de Castilla y León y Extremadura, y detalló algunas deduciones autonómicas que sí posee esta Comunidad y no nuestra vecina del sur. Entre ellas, citó las referidas a Familia Numerosa, Nacimiento o Adopción, Partos o Adopciones, Cuidados Familiares, Paternidad, Discapacidad o Adecuación de viviendas (reformas).

Frente a esto, José Antonio De Santiago-Juárez echó mano de un listado de tasas aprobadas en tierra extremeña que presentan aquí menor presión fiscal o directamente no existen.

Entre ellas, aludió a un canon de saneamiento, el impuesto a depósitos en entidades bancarias -la denominada tasa Tobin-, un gravamen por aprovechamiento cinegético, otro por instalaciones que afectan al Medio Ambiente u otro más referida a la eliminación de residuos en vertederos.

En otro orden de cosas, el portavoz recalcó que «seguimos siendo líderes, al estar entre las cuatro primeras comunidades autónomas» en la prestación de Servicios Sociales y reiteró su tesis que apunta a que «se puede hacer más con menos». No obstante, aseguró que «aunque pretendemos priorizar en lo que se refiere a los servicios esenciales, es cierto que retroceden presupuestariamente».

Asimismo, se refirió, una vez más, a la situación de la central nuclear de Santa María de Garoña, y se mostró «optimista» con respecto a la reapertura de la planta. «España necesita ese tipo de energía y hay mil puestos de trabajo en juego», recordó el consejero, quien agregó que «aunque estuviese en contra de la energía nuclear, que no es el caso, no me alegraría de que cerrase, que tampoco es el caso».

Así las cosas confió en que la Abogacía del Estado encuentre fórmulas de retomar la actividad.

Soluciones en Agricultura

Por otra parte, el consejero portavoz avanzó que los gobiernos de Castilla y León y España se reunirán «al más alto nivel» la próxima semana, con el objetivo de aclarar pagos pendientes de ayudas correspondientes a los Fondos de Desarrollo Rural, que han motivado una intensa polémica entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Ministerio que dirige Arias Cañete. «El presidente lo que va a pedir, suponiendo que sea él el que acuda, es que se agilicen y nos den una fecha cierta para completar los pagos», manifestó.