La Ley de ordenación del territorio se debatirá en las Cortes antes de febrero

Aún a falta de que lleguen los informes que ha pedido la Junta al Consejo Económico y Social (CES) y al Consultivo, el proyecto de Ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales (Ubost), última fase de la Ley de Ordenación Territorial, se tramitará a las Cortes antes de que termine el mes de enero para su debate.

Aún a falta de que lleguen los informes que ha pedido la Junta al Consejo Económico y Social (CES) y al Consultivo, el proyecto de Ley del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales (Ubost), última fase de la Ley de Ordenación Territorial, se tramitará a las Cortes antes de que termine el mes de enero para su debate.

Así lo cree el vicepresidente del Gobierno regional, José Antonio De Santiago-Juárez, quien insiste en la necesidad de que se garantice por Ley cuanto antes los servicios esenciales que presta la Junta a los ciudadanos en la Comunidad, como son la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y la Dependencia, especialmente a los que viven y trabajan en los pueblos.

Al respecto, el también consejero de la Presidencia pone como ejemplo medidas puntuales en marcha como el mantenimiento de aulas con cuatro alumnos o la media de quince consultorios locales por cada centro de salud que están reguladas por una orden pero no por una norma con rango de Ley, y que por ello podrían cambiarse en un día.

«Esto ahora no lo garantiza nadie, pero eso queremos dar un paso más y asegurar los servicios que presta la Junta a los ciudadanos», destacaba ayer el número dos del Gobierno Herrera, tras reunirse con los delegados territoriales de la Junta y visitar la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, ayer en Zamora.

De Santiago-Juárez destacaba que el proyecto de Ley se encuentra ya en su esprint final y defendía que lo más importante de la norma no son lo mapas sino garantizar los servicios y que todos los municipios se sientan cómodos.

Por otra parte, el vicepresidente se refería a otros de los proyectos de Ley importantes que están en marcha y que verán la luz el año que viene. Entre ellos, citaba el de reforma de la función pública para su modernización en el ámbito de las delegaciones territoriales, previsto para su debate en el Parlamento autonómico también en apenas un mes y medio; el o proyecto de Ley de diálogo civil y democracia participativa, los presupuestos ya prorrogados de 2017.

La actividad del consejo consultivo crece cada año

La actividad en el Consejo Consultivo de Castilla y León crece en cada ejercicio. Para este año que termina se espera un incremento del número de dictámenes emitidos así como de resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales respecto al 2015, donde se aprobaron 513 dictámenes preceptivos, la mayoría sobre responsabilidad patrimonial y sanitarios, y se emitieron 101 resoluciones. Así lo aseguraba ayer su presidente, Mario Amilivia, quien destacaba que tres de cada diez dictámenes que emiten los pide la Junta.