Luz verde a la ley del Alto Cargo entre críticas por las prisas y dudas legales

Los votos de Partido Popular y Ciudadanos fueron suficientes para sacar adelante en las Cortes regionales la polémica Ley del Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León.

Los votos de Partido Popular y Ciudadanos fueron suficientes para sacar adelante en las Cortes regionales la polémica Ley del Estatuto del Alto Cargo de Castilla y León. La normativa abordará cuestiones como las limitaciones para ser nombrado alto cargo de la Junta, el tiempo que el presidente o los consejeros podrán estar en dichos cargos o la creación de órganos como la Comisión de Ética Pública. Un proyecto de Ley que debía haberse debatido en el pleno de hace dos semanas, pero después de que los letrados de las Cortes atisbaran algún elemento del mismo susceptible de ser anticonstitucional, se decidió retrasar.

Socialistas, podemitas y el Grupo Mixto votaban en contra de esta norma, ya que consideran que se ha aprobado con «demasiadas prisas» porque hasta la próxima legislatura no se empezará a aplicar. Además, todos ellos echan en cara al PP que esta Ley sea «más suave» en sus exigencias que la normativa estatal, y tienen dudas de su legalidad.

Al respecto, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, mostraba en su intervención la copia de un informe «firmado y con membrete» facilitado por los letrados de las Cortes, en el que advierten «dudas jurídicas», y reprochaba a la Junta que negara su existencia. Hecho que rechazaba tajantemente el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez, exhibiendo, por su parte, hasta tres informes de los servicios jurídicos de la Junta, el Consejo Consultivo o la Secretaría General de la Consejería, en los que no se encontraron objeciones relevantes.

Los socialistas, por su parte, se quejaban de que con esta norma un consejero pueda estar más de ocho años como tal si rotan en otros departamentos, y lamentaba que no se pueda aplicar ya la Ley «por razones éticas» para que renuncien de los procuradores y alcaldes de León y Salamanca, Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco, de alguno de estos cargos, por incompatibilidad.

Podemos denunciaba que esta ley «permite que un acusado por corrupción pueda ser alto cargo al no haber cometido un delito contra la Administración» y llamaba por ello al PP «antisistema» por aprobar una ley en materia de regeneración «que va en contra del ordenamiento jurídico».

Ciudadanos apuntaba que se podía haber ido más allá, pero explicaba su voto a favor en que «por algo hay que empezar para avanzar en regeneración», mientras que los populares aseguraban que esta Ley va en la línea de la regeneración que demanda la sociedad, y pedían que se reconociera que el presidente Herrera se haya autolimitado en el cargo de manera voluntaria.