Malestar por la incorporación de vigilancia externa en las prisiones

«Huele a tufillo». «Aunque nos aseguran que no, todo indica a que la seguridad en las cárceles de España se va a privatizar». Así calificaron dirigentes sindicales la incorporación de vigilantes privados a las prisiones. El presidente de la Unión de Guardias Civiles, Ramón Rodríguez, mostró su rechazo a las incorporación de estas personas, «contra las que no tenemos nada», ya que «lo único que provoca es un aumento del gasto, cuando estamos cansados de escuchar austeridad y crisis, algo que no se entiende».

Más allá fue el secretario de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Castilla y León, Ovidio Martínez, al considerar que se trata de «una auténtica privatización encubierta» de un servicio «perfectamente gestionado por las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Asimismo, mostró su descontento con la decisión, ya que «si se considera que hace falta reforzar la seguridad en las prisiones lo más sencillo es aumentar la oferta de empleo público para incorporar a gente preparada».

Ovidio Martínez también afirmó que detrás de todo esto «exista un interés oculto de beneficiar los intereses personales de altos cargos de la Administración», entre los que citó al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que fue «presidente hasta el 1 de enero de 2012» de una de las empresas adjudicatarias, dijo.

Y es que, según reiteró el dirigente sindical, es «una decisión incomprensible», ya que los vigilantes privados «en ningún caso sustituyen la labor de los guardias civiles y no pueden actuar algún conflicto». Por último, Ovidio Martínez declaró que «no hay ningún indicio de que se necesite más seguridad», ya que el servicio se cubre «perfectamente», como demuestra que no hayan habido ni fugas ni motines.