Más vigilancia del Gobierno de España al poderoso sector del vino en la Región

El Gobierno de España, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), intensificará los controles a las empresas del sector del vino en Castilla y León a lo largo de este año, tal y como anunciaban la María José Salgueiro y el director de este organismo, creado en 2013, José Miguel Herrero, en Valladolid.

La delegada del Gobierno resaltaba la importancia de este mecanismo, que busca la legalidad y la mejora en la vertebración de la cadena alimentaria, además de apostar por «el equilibrio y la reciprocidad entre todos los eslabones».

Herrero indicaba que a lo largo del pasado año AICA ha desarrollado un total de 279 inspecciones de oficio en la Comunidad, con el objeto de comprobar el cumplimiento de la Ley de Cadena en los principales sectores agrícolas y ganaderos, lo que representa un 8 por ciento de las inspecciones realizadas a nivel nacional.

Hasta el pasado año, la Agencia ha llevado a cabo en al Comunidad 65 controles en el sector vitivinícola; 52 en los cárnicos; 50 en cereales; 35 en fruts y hortalizas; 23 en lácteo y otros 46 en conservas de pescado, forrajeras, huevos o miel. Unas investigación que culminaron con la imposición de 38 sanciones a 13 empresas castellano y leonesas, con un importe global cercano a los 100.000 euros.

Herrero destacaba que las inspecciones realizadas durante el pasado año, en el 81 por ciento de los sanciones, se impusieron por incumplir los plazos de pago (31); mientras que otras seis fueron motivadas por la falta de contratos a los que obliga la Ley de la Cadena.

Las bodegas de la Comunidad han sido castigadas en 21 ocasiones por no cumplir el plazo de pago con los vitivicultores, aunque una única empresa tiene su haber 18 multas. En el sector de las frutas y hortalizas se impusieron 13 sanciones, nueve de las cuales han sido para los mayoristas en este campo.

«Castilla y León ha sido una de las Comunidades de España sonde más inspecciones se han llevado a cabo en los principales sectores productivos», indicaba José Miguel Herrero, quien destacaba el «alto cumplimiento de la Ley de la Cadena en el sector lácteo, en contraposición con el relativo al vino».

Respecto a las denuncias por venta a pérdidas, una práctica prohibida por la Ley del Comercio Minorista y que es competencia de las Comunidades Autónomas, desde AICA se han trasladado a la Administración regional competente las 24 denuncias recibidas para que las investigue.

Herrero también recordaba que la Ley de la Cadena Alimentaria, obliga a la firma de un contrato para cualquier tipo de transacción y establece unos plazos de pago que en el caso de productos frescos y perecederos es de 30 días y de 60 para el resto, requisitos que son los que concentran la mayor parte de las sanciones.

Tanto Salgueiro como Herrero mantuvieron un encuentro con organizaciones agrarias, coooperativas y la agrupación de empresarios de Vitartis.