Ningún municipio perderá competencias aunque no cumpla los criterios de calidad

La exigencia de la calidad para poder asumir una competencia y poder prestar un servicio, que se incluye en el borrador de la Ley que prepara el Gobierno de España para reformar la administración local, era una de las principales preocupaciones que tenían los alcaldes de esta Comunidad de cara al futuro del propio municipio y del bienestar de sus vecinos. Una inquietud, que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, despejaba ayer, tras reunirse en compañía de la consejera de Familia, Milagros Marcos, con los nueve delegados territoriales para informarles sobre el estado de la reforma territorial que está elaborando la Junta. «Ningún municipio perderá sus competencias aunque no cumpla con los criterios de calidad que exigirá la normativa estatal cuando se apruebe definitivamente», aseguraba, contundente, el consejero. De la misma forma, De Santiago-Juárez explicaba que, llegado este caso, sería la propia Junta de Castilla y León la que se encargaría de la tutela financiera de dicho servicio o competencia que seguiría prestando el municipio.

Éste es uno de los principales cambios que recoge la reforma y que afecta positivamente a Castilla y León, puesto que es la región de la España autonómica que cuenta con mayor número de entidades locales. Una demanda que se ve cumplida, al igual que la relativización del papel de las diputaciones y la eliminación del Consejo de Alcaldes; la supresión de la regulación del coste estándar por coste efectivo, en el que se tiene en cuenta la dispersión, la orografía, la extensión territorial, la economía de densidad, el envejecimiento y el clima. En este sentido, el consejero de la Presidencia se felicitaba por el hecho de que el nuevo proyecto de reforma local del Gobierno recoja nueve de cada diez cambios propuestos por nuestra Comunidad, que se incluyen en la reforma de la Ordenación Territorial de la Junta.

Estabilidad presupuestaria

Por otra parte, y después de que la Junta haya aprobado el decreto por el que se regulan las funciones de secretaria e intervención en las 2.226 entidades locales menores existentes en la Comunidad, el consejero advertía de la de la necesidad de que todas las entidades locales, y especialmente las pedanías y los concejos, presenten sus cuentas cada año en tiempo y forma para de esta forma poder garantizar la estabilidad presupuestaria. Debido a este elevado número de entidades menores, el consejero recordaba la dificultad de Castilla y León para prestar servicios reservados a los funcionarios del Estado, y avanzaba que en el proyecto de Ley de Ordenación Territorial se defenderá una enmienda para una persona con capacidad suficiente pueda encargarse de estas cuentas, al igual que ocurre ya en otras regiones.