Nuevo paso de la Junta para ofrecer el mejor modelo de ordenación territorial

El ansiado y necesario nuevo modelo de Ordenación del Territorio de Castilla y León está cada vez más cerca. A poco menos de una semana para que el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera apruebe, cumpliendo un nuevo compromiso de legislatura, el anteproyecto de ley, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se ha reunido con la Mesa, en un ejemplo más de transparencia y diálogo, para que conocieran antes que nadie el modelo.

Durante el encuentro, De Santiago-Juárez, indicó que la norma regula las áreas en que se organizará nuestra Comunidad, facilitará la «territorialización» de las políticas y racionaliza la estructura de las entidades locales.

Asimismo, la iniciativa pretende mejorar la cohesión territorial de la Región, impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios y garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos, independientemente de su lugar de residencia. Para ello, define las unidades básicas de la ordenación y servicios en el territorio, tanto en el ámbito rural como en el urbano, que se constituyen como la referencia espacial y parámetro básico para el desarrollo del modelo en Castilla y León.

Se prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que contendrá tanto las unidades rurales como las urbanas, nuevamente siguiendo un procedimiento participativo en el que las diputaciones ejercerán un papel destacado, que se someterá a audiencia pública. Un escalón por encima de las unidades básicas de ordenación y servicios, el anteproyecto regula también las áreas funcionales como espacios geográficos delimitados para el desarrollo de la ordenación del territorio de Castilla y León y la aplicación de instrumentos y herramientas de planificación y gestión. Estas áreas podrán ser estables o estratégicas.

Asimismo, este anteproyecto facilitará la «territorialización» de las políticas autonómicas, al utilizar las unidades básicas de ordenación y servicios como base para la planificación, programación, gestión y prestación de sus servicios, cuando su ámbito funcional deba ser inferior a la provincia.

Además, establece mecanismos de colaboración y coordinación administrativa, y para ello se crea en cada provincia una comisión de coordinación de políticas públicas. Sobre la racionalización de la administración local, la medida no plantea la desaparición de ninguna entidad local.

Por el contrario, apuesta por la agrupación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general.

Por último, el modelo incluye normas dirigidas específicamente a la mejora del gobierno local y por conseguir una administración más transparente y participativa.