Nuevos pasos para regular el uso de los vehículos de alquiler con conductor

Nuevos pasos de la Junta de Castilla y León para regular el uso de los vehículos de alquiler con conductor, conocidos como VTC, en la Comunidad.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado por el director general de Transportes, Ignacio Santos, abordó los detalles de estas medidas tras la reunión del Consejo Regional de Transportes, donde se acordó contar, en un plazo de tres meses, con una nueva normativa que exigirá identificaciones a los VTC autorizados en la Comunidad, un total de 340.

Además, se evitará la competencia desleal con el sector del taxi, muy crítico, y de reforzarán las inspecciones de los vehículos para garantizar que cuentan con todos los elementos necesarios para preservar la seguridad de los usuarios.

Así, los coches de empresas como Uber y Cabify deberán identificarse como tal tanto en el cristal trasero como en el delantero, «para que los castellanos y leoneses sepan en todo momento que se están montando en un vehículo de estas características», explico Suárez Quiñones.

Por otro lado, en la reunión se trató la futura Ley de Transporte de Castilla y León, en la que el Ejecutivo autonómico «está trabajando intensamente» y que se presentará en las Cortes una vez haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno.

Se trata de una norma que la Junta está obligada jurídicamente a presentar, pues no es posible prorrogar más las concesiones, y que el consejero calificó de «muy relevante» pues atañe «a la forma de moverse de los habitantes de la Comunidad y, por tanto, de la manera de acceder a los servicios sociales».

Por este motivo, el consejero de Fomento afirmó que la intención de la Junta es «modernizar» el sector de los transportes y adecuarlo al siglo XXI para que se adapten mejor a los nuevos parámetros de seguridad y de respeto al medio ambiente».

Autopistas A-1 y A-6

Además, Suárez Quiñones explicó que la Junta tratará de cerrar con el Ministerio de Fomento el 13 de noviembre un acuerdo sobre el desvío obligatorio de vehículos pesados desde la N-1 y N-6 a las autopistas A-1 y A-6, en el norte de Burgos y en la zona segoviana de San Rafael.

Las dos administraciones abordarán el costo económico de esta medida, avanzó el consejero, quien informó de que se trata de una demanda social y «aunque los trámites son muy complejos» la Junta «quiere ser parte de la solución promoviendo un acuerdo con una aportación razonable» ya que la prioridad es el mantenimiento y mejora de la red de carreteras.