Nuevos recursos para avanzar en el modelo de ordenación del territorio

La Consejería de la Presidencia va a destinar seis millones de euros para avanzar en el modelo de ordenación del territorio, principalmente en el medio rural, a través de un resquicio «legal» y siempre que continúe el bloqueo del mapa en las Cortes de Castilla y León. Una decisión que anunció el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la reunión de Comisión de la Coordinación Territorial, y que contó con la presencia del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

Una orden que se publicará hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y donde entre las pautas más destacadas recibirán apoyo económico aquellos ayuntamientos, urbanos o de carácter rural, que se comprometan antes sus plenos a la creación de estos entes, aunque consideró «casi imposible» que se constituya alguna mancomunidad antes de finalizar el plazo, previsto para el 29 de junio.

«Con esta convocatoria queremos fomentar la constitución de las mancomunidades de interés general, avanzar en el modelo de ordenación del territorio, tanto urbano como rural, fomentar la asociación voluntaria eficiente de municipios para la prestación de sus servicios y apoyar a las denominadas mancomunidades clásicas», espetó el consejero.

Las mancomunidades urbanas que pueden solicitar la ayuda deben integrar municipios de más de 20.000 habitantes y al menos un tercio de los de su alfoz (podrían ser 13). Para conocer la cantidad que puede corresponder a cada existen distintos criterios de población, número de municipios, carga de competencias y número de entidades locales menores, además de un fijo del crédito presupuestario. La cartera de competencias y funciones debe ser acordada por los municipios que la forman.

Por su parte, las rurales contarán con 2,9 millones de euros de la convocatoria, el 65 por ciento. Esta tipología debe integrar municipios con una población inferior o igual a 20.000 habitantes y su ámbito territorial debe ser coincidente con una o varias -hasta un máximo de cinco- unidades básicas de salud (Ubost) rurales. Además, deben tener una cartera de competencias y funciones homogénea y común para todas ellas.

Por su parte, durante la Comisión, Fernández Carriedo informó sobre los acuerdos del Diálogo Social relativos a las entidades locales, en concreto, sobre las medidas aprobadas en el Plan de Empleo Local para 2018, firmados el pasado 15 de febrero, y por el que se destinan este año 55,2 millones, un 7,5 por ciento más que en 2017.