Pilar del Olmo considera al auditor de cuentas vital para recuperar la confianza

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo aseguró que, desde la Junta, se apoya la labor, tanto de los profesionales que trabajan para el sector externo, como en el ámbito público.

El auditor es un agente «fundamental» para recuperar la confianza y superar la crisis. De esta forma tan contundente se expresó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante la clausura del Día del Auditor, una jornada celebrada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Allí aseguró que, desde la Junta, se apoya la labor, tanto de los profesionales que trabajan para el sector externo, como en el ámbito público.

Del Olmo señaló que durante la etapa de mayor dureza de la crisis de los agentes económicos no se fiaban uno de otros y destacó que las agencias de calificación no confiaban en los estados y las comunidades autónomas, y los bancos en sus acreedores.

Asimismo, la consejera reconoció la labor de los auditores que verifican que las cuentas públicas se corresponden con la realidad y es por ello que valoró el trabajo que lleva a cabo la Intervención General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, así como el Consejo de Cuentas de Castilla y León y del Tribunal de Cuentas.

En su opinión el trabajo de estos profesionales ha permitido que la prima de riesgo haya pasado de los 600 puntos básicos a los 100, algo que ha reforzado la mejora de la confianza de los consumidores y de los empresarios.

Mientras, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso, destacó que los auditores aseguran que la nueva Ley de Auditoría genera «inseguridad jurídica», sobre todo en la regulación de las reglas sobre independencia, donde la norma, en muchos casos, es «ininteligible o imposible de cumplir». Los auditores también se quejaron de otras muchas cuestiones como la «desproporción» establecida entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional o el incremento artificial de cargas burocráticas.

Otro de los problemas que suscita esta ley es que extiende los requisitos previos para los informes de auditoría de las Entidades de Interés Público a todo tipo de entidades, desnaturalizando de forma injustificada la diferencia entre ambos, en contra de la normativa de los países de nuestro entorno.