PP y Cs auditarán «sin prejuicios» 16 entes públicos y decidirán sobre su futuro en junio

PP y Cs dan un paso más en el cumplimiento de programa de gobernabilidad para Castilla y León, y acaban de poner en marcha una comisión paritaria que se encargará de analizar a las empresas públicas de la Comunidad. Cinco miembros de cada formación, todos ellos procuradores y cargos de la Junta, serán los que decidirán sobre el futuro de los 16 entes públicos que se van a auditar.

Y que son el Consejo de la Juventud, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), el Ente Regional de la Energía (Eren), el Instituto Tecnológico Agrario, (Itacyl), la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales, la Fundación Hemoterapia y Hemodonación, la Fundación Anclaje, la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos, la Fundación Centro Supercomputación de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural, la Fundación Acción Social y Tutela, la Fundación Siglo, el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud y el Somacyl.

Se analizarán 16 de los 57 entes públicos que hay en Castilla y León, ya que son en los que la Junta tiene capacidad de decisión, que se elevan hasta los 19. Quedan fuera del análisis tres: el Ecyl, la Gerencia de Salud y la de Servicios Sociales «porque están sometidos a una mayor evaluación y operan como la administración general, según explicaban los procuradores Raúl de la Hoz (PP) Ana Carlota Amigo (Cs), de Cs. Tampoco entra en el análisis la Fundación Villalar-Castilla y León, que fue noticia la semana pasada por la intención del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, de suprimirla, al no tener la Junta capacidad de decisión sobre ella.

Ahora se abre un plazo de dos meses para que estas 16 empresas públicas presenten datos sobre su estado actual. En enero se reunirá la comisión y ya con todo el material de que dispongan empezarán a auditar con el objetivo de que en junio de 2020 se pueda decidir ya sobre el futuro de estos entes, si se suprimen, se fusionan, se mantienen o se las da una vuelta de tuerca para mejorarlas y que sean más eficaces. Tanto De la Hoz como Amigo dejaban claro que no hay prejuicio alguno previo sobre estas empresas y que el único objetivo es comprobar su utilidad y si benefician en algo a los ciudadanos, ya que son ellos quienes las sufragan con sus impuestos. También trasladaban un mensaje de tranquilidad a los alrededor de doscientos trabajadores que están empleados en ellas «porque dan un buen servicio». «No hay que asustar a nadie», decía la portavoz del Grupo Parlamentario de Cs.

La Región con menos entramado de España

Castilla y León es, con 57, la Región de la España autonómica que no es uniprovincial que menos empresas públicas tiene. Muy lejos de autonomías como Andalucía (304) o Cataluña (389). Además, nuestra Comunidad ha reducido bastante su entramado público desde 2011, cuando había 90 entidades, lo que ha supuesto un ahorro de gasto corriente de 70 millones de euros, ya que se ha pasado de gastar 135 millones hace ocho años a los 65 actuales.