Sacyl pone en marcha una unidad de diagnóstico para afectados por talidomida

Sistema de Salud de Castilla y León (Sacyl) ha puesto en marcha una unidad de diagnóstico en el Hospital Clínico de Valladolid para realizar las valoraciones pertinentes a los afectados por la talidomida, y en el caso de que la valoración sea positiva, recibir una indemnización por parte del Estado. «Una cuestión de justicia», como resaltaba el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante su presentación, al haber pasado más de 60 años desde que se comercializara este medicamento para controlar los vómitos de las gestantes, y que provocaron malformaciones corporales en bebés.

Es por este paso del tiempo por lo que no existe un registro de víctimas que pudieran beneficiarse de esta indeminización, aunque en Castilla y León se estima que existan medio centenar, al haberse recibido 26 solicitudes de castellanos y leoneses para someterse a un valoración clínica en estos momentos.

Unos daños que ha soportado durante 59 años la segoviana Consuelo Ortega, presente en la rueda de prensa, quien relató las dificultades y el rechazo que ha vivido a los largo de toda su vida, al nacer con un acortamiento del brazo. «No soy un bicho raro y hoy todavía hay gente que me mira con rareza».

La portavoz en la Comunidad de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (Avite), se mostró optimista de que después de tantos años se vea «un poco de luz», aunque quiso tener un recuerdo para aquellas personas que se han quedado en el camino por los efectos de este medicamento.

La unidad de diagnóstico está dirigida por el genetista clínico Juan José Tellería, quien declaró que el proceso, además de complejo es lento. Aquellas personas que presentan anomalías congénitas potencialmente compatibles con embriopatía por talidomida, y haber nacido entre 1955 y 1985 podrán acceder a esta evaluación. El paciente será citado en el Clínico de Valladolid, y durante una mañana se le realizarán distintas pruebas y el estudio en detalle de 47 genes, que se realizará en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal).

Con los datos reunidos se realizará un informe provisional que se remitirá al Comité Científico-Técnico creado a nivel nacional, que será el encargado de emitir el informe definitivo con el asesoramiento de especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Los afectados con informe positivo serán indemnizados de acuerdo con una tabla de valoración por discapacidad, y contarán con tratamientos.