Sáez Aguado anuncia unidades y áreas de gestión clínica para 2014

El próximo año Castilla y León contará ya con las primeras unidades y áreas de gestión clínica, llamadas a sostener el sistema público sanitario del futuro gracias a la mejor coordinación y organización que tedrán con ellas los profesionales de la Sanidad de nuestra Comunidad.

Así lo anuciaba el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, ayer en Madrid, tras participar en una conferencia presidida por la ministra Ana Mato en la que se presentaron los Pactos por la Sostenibilidad y la Calidad del sistema nacional de Salud a los representantes sanitarios de todas las regiones de la España autonómica.

Sáez Aguado aseguró que la Comunidad está trabajando rápido y bien en este asunto y que está en condiciones de afirmar que en 2014 Castilla y León ya podrá contar con las primeras unidades y áreas de gestión clínica que, entre otras cosas, permitirán reducir entre un 20 y un 25 por ciento las estructuras administrativas y directivas. Objetivo: dar mayor autonomía y capacidad de decisión a los profesionales para organicen su trabajo de la forma que le permita obtener mejores resultados. De esta forma, los profesionales sanitarios tomarán más decisiones sobre su trabajo y organización y menos los gestores y los políticos. Sáez Aguado tiene claro que es necesario reconocer la labor que realizan los médicos tanto en los servicios asistenciales, como en los centros directivos y de gestión, «puesto que prestan un servicio personal a los ciudadanos de la Comunidad».

Rechazo al copago hospitalario

Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha presentado un requerimiento previo al Gobierno para que anule el copago de medicamentos hospitalarios. La Junta entiende que esta medida implica importantes desigualdades entre pacientes con las mismas patologías, y podría dar lugar a otras posibles acciones en los tribunales.

Castilla y León considera asimismo que el impacto económico de este medida sería mínimo, ya que se trataría de medicamentos relevantes para tratar enfermedades graves, por lo que no cree que contribuya a la sostenibilidad de la sanidad pública. Además, la Junta no cree que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y considera que la Dirección General de Farmacia tampoco tiene competencias para actuar en este sentido. Finalmente, la Consejería rechaza también los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación, ya que aseguran dan lugar a «inequidad» en pacientes con el mismo tipo de patología.

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