Empleo
UGT denuncia la pérdida de casi 1.000 empleos públicos
Y critica que el Gobierno regional siga contratando «a dedo»
Castilla y León ha perdido casi 1.000 empleos públicos en el último año, una cifra que aumentará en los próximos meses debido a los últimos EREs presentados por el Gobierno regional. Así lo denunciaba la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, quien calificaba el recién finalizado 2012 como un «año desastroso» y que calificaba el estrenado 2013 de «muy oscuro», con «poca transparencia» y marcado por la «incertidumbre». Irónicamente, Amez, lamentaba que este año los Reyes Magos «no han traído carbón por que no lo hay pero nos han gratificado con dos EREs».
El primero, detalló, relativo a la Consejería de Economía y Empleo, donde se está negociando el despido de 116 orientadores laborales. El segundo, de la Consejería de Cultura y Turismo y, en concreto, con la Fundación Siglo como protagonista con el cese de las 74 personas que en la actualidad trabajan en la Casona del Pinar en Segovia.
La ugetista criticó que se haya emprendido una campaña «orquestada» deteriorando la imagen y el trabajo de los empleados públicos, «a los que se pretende responsabilizar de la crisis». En este sentido, recordó que la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios -entre congelación salarial, eliminación de una paga extra, aumento de jornada laboral y reducción de moscosos- en los últimos tres años haya sido del 28 por ciento.
Algo que, en su opinión, repercute en el gasto económico, ya que se deja de consumir y ello está provocando más despidos en el sector privado y el cierre de numerosas empresas.
Libre designación
En este sentido, Amez arremetió contra el Gobierno regional, al asegurar que cada día salen publicados en el Bocyl dos nuevos puestos de trabajo de libre designación. «Se quitan empleados públicos y no veo que se rebaje el número de políticos, asesores o directores generales.
Todo lo contrario, aumenta», afirmó con rotundidad.
También denunció que el Centro de Formación Agraria, en Salamanca, está ofreciendo una «oferta cero», mientras que la Junta está dando esas plazas a uno privado.
Asimismo se refirió a la Consejería de Sanidad y, en especial, al funcionamiento de los hospitales públicos. «¿Cómo es posible que se haya incrementado la jornada laboral de los trabajadores y haya aumentado el tiempo de las listas de espera?»
Y respecto a la administración local, que da empleo a unos 10.000 funcionarios aproximadamente, Carmen Amez declaró que aquí «cada uno va a su libre albedrío, no hay instrucciones» y señaló que se están llevando a cabo EREs soterrados a través de la no renovación de contratos como ha sucedido en la Diputación de León con 200 despedidos.
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