Unidad para proponer a los municipios que amparen a las familias desahuciadas

El de ayer fue un día de manos tendidas. Y de guantes tomados. El tercer gran acuerdo en las Cortes llegó referido a un «problema de Comunidad», en palabras del procurador abulense del PSOE Fernando Rodero. Fue él quien defendió una proposición no de ley del principal partido de la oposición para paralizar desahucios y afrontar soluciones para los que ya los han sufrido. Una realidad que ha afectado, desde 2007, a 12.632 familias castellano y leonesas.

Pese a los reproches de rigor, los tres grupos pactaron la mitad de puntos que proponía la bancada socialista, de manera que la Junta de Castilla y León deberá dirigirse a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para propiciar, a la mayor brevedad, la suspensión cautelar de las liquidaciones de plusvalías a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria, siempre que se trate de vivienda única y habitual, por este año y el próximo. En el mismo sentido, se invitará a la FRMP a promover en los consistorios su adhesión al Convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler.

Por el contrario, no prosperó la propuesta socialista de que la Federación se pusiera a la cabeza de la supresión de relaciones con entidades financieras y bancarias que realicen lanzamientos hipotecarios.

Pese al acuerdo, Rodero, que planteó que las Cortes se declarasen «favorables a una moratoria universal» hasta que se tramite en Madrid la Iniciativa Legislativa Popular de la dación en pago, incidió en que «hemos llegado excesivamente tarde a solucionar este problema».

A renglón seguido invitó a actuar, porque «si no, no nos extrañemos de que quienes se concentran para evitar los desahucios, nos digan que no les representamos».

En ese marco cargó contra el Gobierno Herrera por considerar que el Servicio de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio «no está respaldado por un solo euro y no tiene soporte legal alguno».

La burgalesa Mercedes Alzola, del PP, reprochó al PSOE que no modificara la regulación hipotecaria durante sus años de gobierno, cuando ya había estallado la crisis, «pero sí se pudieron del lado del sistema financiero del que dijeron que era el mejor del mundo». y recriminó a Rodero que en elevara la cifra de hogares desahuciados en su exposición a 15.000 y, además, no filtrara el tipo de residencia o suelo de las mismas.

Desde el grupo mixto, su portavoz, José María González sacó la artillería 'anticapitalista' y demandó medidas «contra los bancos de la usura implacable». De igual forma, ofreció como solución al avance de familias en riesgo de perder su vivienda «derogar la ley vigente y sustituirla por otra acorde con los valores democráticos y de nuestro sistema». Y es que, a su parecer, «la verdadera solución es quitar esta herramienta de extorsión legal para quienes acudieron a sus cantos de sirena de crédito fácil».