Castilla y León

Villanueva declarará por la compra del edificio de Arroyo el 27 de noviembre

El exconsejero de Economía solicita la suspensión temporal de militancia del Partido Popular

El expresidente y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva
El expresidente y exconsejero de Economía, Tomás Villanuevalarazon

El exvicepresidente de la Junta y exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, tendrá que declarar el próximo 27 de noviembre como investigado por las presuntas irregularidades en la adquisición del edificio de soluciones empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Una citación que llega después de que la Fiscalía pidiera al Juzgado que instruye este caso que investigará a Tomás Villanueva por la supuesta comisión de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos.

Según el escrito del ministerio público, la Fiscalía expone una serie de hechos que considera «imputables», sin que «sea descartable la posible comisión del delito de cohecho» y «posible blanqueo de capitales», precisa el informe del fiscal, que consta de más de veinte folios.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, notificada a la que ha tenido acceso EFE, determina que «ha lugar a la práctica de las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal».

Para este fin, ordena que se libren los oficios interesados para recabar información de la Consejería de Hacienda, a la Policía Judicial, al Servicio de Vigilancia Aduanera, de la DEA de Castilla y León y a la Dependencia Regional de Inspección de la Comunidad. También se cita a declarar, en calidad de testigos, a Belén García, empleada de Unifica Servicios Integrales, el 20 de noviembre, y a María Montserrat Marqués, titular del capital social de Nereo de Inversiones y Proyectos.

El fiscal argumenta que la investigación patrimonial de Rafael Delgado, exviceconsejero del departamento de Villanueva, ha evidenciado «la existencia de disposiciones de dinero que no guardan concordancia con sus ingresos como miembro de la administración autonómica y claros indicios de blanqueo de capitales y de cohecho».

Por las razones que motivaron la investigación patrimonial del resto de investigados y a la vista del resultado de la misma respecto a Delgado «es necesaria y así se considera, que se realice respecto de Tomás Villanueva», también una investigación patrimonial.

Cita al escrito a Villanueva como una persona que ha ejercido responsabilidad pública en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 2010 y considera que debe ampliarse la investigación a familiares y allegados.

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se hacían esperar por parte de los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León. Tanto el portavoz socialista, Luis Tudanca, como la procuradora podemita, Natalia del Barrio, pedían la dimisión del presidente de la Junta, ante una situación de corrupción «repugnante» que «no se puede sostener más».

Muy crítico se mostró Luis Tudanca, quien declaró que Herrera «no debe acudir al siguiente pleno» sino «asumir la responsabilidad» de los casos de «corrupción» que están «asolando la Comunidad». Del mismo modo, Natalia del Barrio remarcó que Herrera debe «replantearse» su futuro al frente del Ejecutivo autonómico, después de haber profesado su apoyo y respaldo a un exconsejero que está siendo investigado por supuesta corrupción, unos argumentos que también fueron compartidos por el portavoz de IU-Equo, José Sarrión. Desde Ciudadanos, Luis Fuentes ha recomendado a Herrera que se compre una «crema antiquemaduras», mientras que desde el PP, su portavoz, Raúl de la Hoz, ha reclamado «celeridad» al proceso judicial para que se conozca cuanto antes la verdad y así «depurar responsabilidades».

Herrera:”Respeto al juez”

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, respondía con un escueto «respeto al juez» tras conocerse la citación judicial del expresidente, Tomás Villanueva, como investigado por el caso de la denominada «Perla Negra». Posteriormente, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, declaraba que desde el Gobierno regional «se tiene plena confianza en la Justicia y en las actuaciones del juez», aunque ha pedido «respecto a los derechos de las personas» que esán inmersas en el proceso judicial por las supuestas irregularidades en el edificio de Arroyo. Del Olmo lamentó que ya se condene a alguien que está siendo investigado.