Virginia Barcones se compromete con Coag y UPA a que el campo sea una prioridad

La delegada del Gobierno de España, Virginia Barcones, se comprometió ayer con las organizaciones agrarias Coag y UPA a que el campo sea una prioridad en las actuaciones que lleve a cabo el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

«Nuestro compromiso con el sector primario es firme, trabajaremos para recuperar derechos perdidos en los últimos años y apostaremos por la transformación y por nuevos cultivos así como por más y mejores servicios como medidas para fijar población en el medio rural», señalaba Barcones, tras escuchar a los líderes agrarios Aurelio González (UPA) y Aurelio Pérez (Coag), las principales inquietudes de los agricultores y ganaderos.

Entre ellas, que haya servicios de telecomunicaciones, informática, carreteras, médicos o Educación en el medio rural, o el futuro de la Política Agraria Común (PAC). Al respecto, ambas organizaciones tienden la mano al Gobierno de la Nación para trabajar juntos con el ánimo de conseguir una PAC fuerte y común, pero también y sobre todo, más social. «La anterior estaba mal diseñada y favorecía las diferencias entre los agricultores y ganaderos en economía y rentabilidad», apuntaba Aurelio González.

Tanto Coag como UPA advierten de los costes del gasóleo profesional. En este sentido, critican que el anterior Ejecutivo del PP rebajara de 73 a 63 euros por cada mil litros la devolución a los profesionales del campo, y por ello piden recuperar esos diez euros que han perdido, además de rechazar, como así está reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, la posible aplicación del céntimo sanitario. Algo que aumentaría de dos a siete céntimos el coste por litro de combustible repostado.

Igualmente, denuncian el «exceso de celo» del Seprona de la Guardia Civil sancionando en los caminos agrícolas «como si fueran carreteras», y reclaman que los profesionales tengan prioridad en esas vías.

También apuestan por favorecer la llegada de jóvenes al sector agrario, pero especialmente por el mantenimiento de los que ya están, y rechazan el modelo de macroexplotaciones. Barcones tomaba nota y se comprometía a trasladar estas preocupaciones al Gobierno así como a buscar soluciones.