Barcelona estudia un plan contra los pisos «okupados» y realquilados ilegalmente

El ejecutivo de Ada Colau considera que el origen de este problema recae en la cantidad de viviendas vacías que tiene la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona que ahora capitanea la alcaldesa Ada Colau está analizando cómo combatir los pisos «okupados» y luego realquilados a un tercero y «se está diseñando la estrategia para ver cómo se puede abordar», según explicaron ayer fuentes del Consistorio.

Desde el gobierno muncipal explicaron que a pesar de que no existe un censo de este tipo de pisos, se ha detectado esta práctica en Nou Barris –concretamente en Ciutat Meridiana y Roquetes– y en el barrio del Besòs de Sant Martí.

Fingen una operación legal

El conflicto se produce cuando alguien «okupa» un piso y lo alquila a un tercero fingiendo a veces una operación legal. El Ayuntamiento considera que su origen recae en que existen viviendas vacías en la ciudad: «Debemos trabajar en la raíz del problema y dar respuesta a las familias sin recursos». El Gobierno municipal aseguró que analizará las causas de aquellas personas que sean «víctimas de esta práctica irregular» pensando que es legal, y tratará de buscar soluciones para cada caso. Para las familias sin recursos se estudiará que puedan acceder a una situación normalizada.

Por el contrario, el consistorio afirmó que las «okupaciones» que tengan una motivación vinculada a actividades delictivas deberán «pasar por la vía penal», ámbito en el que los cuerpos de seguridad ya trabajan en el modo de intervenir.Las mismas fuentesdestacaron que una de las medidas para reducir el número de pisos vacíos son los convenios de cesión con entidades bancarias, como el alcanzado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por el que cede 200 pisos.

Estas medidas se añaden a las sanciones que el Ayuntamiento ha impuesto a entidades que acumulan viviendas vacías y otras iniciativas para ampliar el «parque de viviendas sociales con un precio asequible».

Por su parte, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, exigió «perseguir» esta práctica. «Es un fraude y se engañan familias que piensan que tienen un contrato que no lo es, y están pagando a los que están defraudando y estafando», aseveró.

Sobre las familias que «okupan» pisos ante su situación de vulnerabilidad y por necesidad, Vilà reclama que no queden excluidas luego del acceso a viviendas de emergencia –no obstante, quiso recordar que se está revisando el reglamento, como aprobó el pleno hace un año–, ya que «se tendría que tener en cuenta las circunstancias de la familia y por qué han llegado a esta situación».

En Cataluña hay 450.000 pisos vacíos y 231.000 familias que necesitan una vivienda social, según apunta el Tercer Sector.