Cataluña amenaza: «No aplicaremos la reforma de la ley local»

La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha afirmado que Cataluña no aplicará la reforma de la ley local aprobada este viernes en el Consejo de Ministros porque tiene "un rango inferior al Estaut"y ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo catalán aprobará su propia ley municipal en la que lleva trabajando desde hace dos años, y que confía en que entre en vigor en febrero, después de pasar el trámite parlamentario.

"El Estatut otorga competencias exclusivas en materia de régimen local. Todo aquello que contradiga al Estatut no debe ser aplicable en Cataluña", ha dicho Ortega en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente de la Federació Catalana de Municipios (FCM), Xavier Amor, y del presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, como muestra de unidad.

"Poca confianza en el Gobierno central"

Ortega ha dicho tener poca confianza en el Gobierno central y ha asegurado que en caso de que el Estado imponga a la Generalitat la nueva normativa, el Gobierno catalán acudirá a los tribunales: "La ley contradice al Estatut y a la Constitución con la que tanto se llenan la boca. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender nuestras competencias y pondremos todos los instrumentos jurídicos que estén en nuestra mano".

La número dos del Gobierno catalán ha contrapuesto el texto catalán, hecho desde el consenso, con la nueva legislación estatal que, a su juicio, "nace de espaldas a los municipios y tiene la crítica unitaria del municipalismo español".

"La ley estatal nace de una desconfianza hacia el mundo local. No mejora las finanzas locales porque no les da más ingresos, y lo que pretende hacer es perjudicar la financiación de las comunidades autónomas ", ha criticado Ortega, quien ha defendido que el texto catalán sí que buscará aumentar la eficiencia y eficacia de los municipios.

"Día triste para el municipalismo"

Amor ha sostenido que este viernes es "un día triste para el municipalismo y para los ciudadanos, que serán los afectados por la ley", y ha reprochado al Ejecutivo español su voluntad recentralizadora, que eliminará competencias, comportando una pérdida de la calidad democrática.

En esa línea, y a falta de conocer los detalles del texto, ha pronosticado que servicios tan sensibles como las ayudas domiciliarias a gente mayor, los centros abiertos de ocio, las ayudas de emergencia, las guarderías y los planes de empleo se verán afectados: "Quiere privatizar servicios públicos y convertirlos en negocio".

Un argumento compartido por Buch, quien ha recomendado al Ejecutivo que, en caso de querer adelgazar la administración, debería empezar por los Ministerios de Educación, Sanidad y Bienestar Social, que "son competencias transferidas a las comunidades autónomas, tal y como ha dicho el propio Consejo de Estado".

"Vivimos en un país donde las distancias son muy largas. No podemos hacer que una familia que no llega a final de mes tenga que ir a la diputación o a la Generalitat porque en su ayuntamiento no la atienden", ha reflexionado.

Racionalización

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este viernes al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el que el Ejecutivo de Rajoy lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y el resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha cifrado en más de 8.000 millones de euros el ahorro que supondrá la denominada reforma local, que además incluirá beneficios financieros para aquellos municipios que opten por fusionarse.