Clamor para tener más Mossos

Es uno de los principales debate y polémica en el seno de los Mossos d’Esquadra, no ya únicamente en los últimos meses, sino en los últimos años.

Es uno de los principales debate y polémica en el seno de los Mossos d’Esquadra, no ya únicamente en los últimos meses, sino en los últimos años. La falta de efectivos crónica de agentes en la Policía Autonómica. Durante esta semana, el asunto ha llegado al territorio político. Toda la oposición avaló el decreto ley por el cual el Govern autorizo por fin 750 nuevas plazas, y de paso también y 250 en los Bomberos, acumulando toda la tasa de reposición en la Generalitat, entre reproches a la gestión del ejecutivo catalán.

Se trata de un decreto de aplicación inmediata para paliar el déficit estructural de los cuerpos de seguridad y emergencias y que autoriza para este mismo año la creación de este incremento de personal.

En esta ocasión, todas las fuerzas parlamentarias votaron a favor de la validación de dicho decreto a excepción de los cuatro diputados de la CUP, que optaron por abstenerse. El conseller de Interior, Miquel Buch, subrayó por su parte que se dedicó a esta labor «desde el primer día» que fue nombrado titular del departamento, y reconoció que «las contenciones presupuestarias» provocaron en ambos cuerpos «una situación significativamente deficitaria de efectivos».

Uno de los máximos problemas que tienen los Mossos con la crónica falta de efectivos es que, a raíz del atentado terrorista del 17 de agosto de 2017 en La Rambla de Barcelona y Cambrils, con 17 fallecidos, se ha extremado tanto la vigilancia en este ámbito que a la postre han acabado por faltar efectivos. El problema es especialmente grave en la capital catalana.

Uno de los objetivos de la Generalitat, hace ya muchos años, era que en 2015 hubieran casi 18.300 agentes de los Mossos, pero la realidad es que no actualmente no llegan ni a 16.700. La crisis económica acabó por provocar que durante cinco años no hubieran convocatorias de nuevas plazas. Un déficit en el servicio al que la oposición al ejecutivo catalán no es ajena.

Por parte de Ciudadanos, Matías Alonso lamentó que para el «el club de fans de Waterloo» las fuerzas de seguridad no sean «una cuestión esencial», y advirtió al gobierno catalán de que es «esencial tocar con los pies en el suelo y empezar a gobernar como toca, con lealtad al ordenamiento democrático».

Consideró que la validación del decreto ley es posible gracias a la «responsabilidad» de la oposición y no por el «trabajo bien hecho del ejecutivo», que nuevamente no ha presentado su proyecto de presupuestos dentro de los plazos establecidos.

Carles Castillo (PSC) dijo que la situación de los Mossos y los Bomberos «es desesperada», mientras que es «desesperante» la actitud del gobierno catalán, pues, en palabras de este parlamentario, «la seguridad se ha podrido» en Cataluña. «Era indispensable y ya tocaba que se pusieran las pilas», afeó Castillo al Govern, al que acusó de tratar a estos funcionarios «con menosprecio y pasotismo».

Por su parte, Xavier García Albiol (PP) señaló que la convocatoria de estas nuevas mil plazas es «la visualización de un fracaso de los últimos ocho años» de la Generalitat, ya que la situación de estos dos cuerpos «no ha sido culpa ni responsabilidad del Gobierno de España de turno».

Según los sindicatos, debido a la actual falta de efectivos, resultan difícil de atender tareas tan importantes como los robos en domicilios –una de las principales preocupaciones en inseguridad de Cataluña–, los carteristas del Metro, la venta ambulante ilegal en forma de «top manta» –muy criticada en Barcelona–, los controles de tráfico o la presencia uniformada en zonas de ocio nocturno, entre otros asuntos. En definitiva, desde el cuerpo se considera que faltan, aparte de la nueva convocatoria, faltarán otro millar de agentes para paliar un déficit que se arrastra desde hace demasiados años.