Cataluña

Colau busca la implantación de un fiscal para combatir los desahucios

El Ayuntamiento también quiere perseguir a las empresas dedicadas a expulsar inquilinos

El Consistorio está promoviendo la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Superior de Cataluña en materia de acoso inmobiliario
El Consistorio está promoviendo la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Superior de Cataluña en materia de acoso inmobiliariolarazon

El Ayuntamiento también quiere perseguir a las empresas dedicadas a expulsar inquilinos.

En el último año han surgido en Barcelona empresas dedicadas al desalojo de viviendas ocupadas, las cuales han despertado las quejas de entidades sociales y vecinales que señalan a estas entidades como autoras de prácticas ilícitas con el fin de lograr expulsar de esas vivendas a sus ocupantes. Ante la proliferación de esta práctica, el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha una serie de medidas destinadas a poner fin a estos desalojos extrajudicales.

«Existe una preocupación en el gobierno municipal por un fenómeno que va en aumento en la ciudad y el cual está protagonizado por empresas que se presentan como mediadoras entre inqulinos y propietarios de la vivienda pero que en la práctica utilizan el acoso psicológico y hasta el físico para obligar a estas personas a marcharse sin una orden judicial», admitía ayer el teniente alcalde Juame Asens, quien avanzaba las medidas que el Ayuntamiento de Barcelona, que ya ha realizado siete intervenciones en otros tantos casos y ha trasladado un expediente por cuatro de ellos a la Fiscalía, ha puesto en marcha para tratar de poner fin a esta práctica.

En este sentido, ha elaborado un protocolo de actuación ante los desalojos extrajudiciales para «coordinar los diferentes servicios municipales con el fin de tener una actuación más efectiva y poder documentar mejor estas actuaciones de cra a denunciar posibles delitos», explicaba ayer Asens. Este protocolo se activará cuando se tenga constancia de alguna acción delictiva por parte de estas empresas y entonces se enviará un técnico del distrito al lugar de los hechos para, de ser necesario, denunciar lo sucedido antes los Mossos d’Esquadra o la Guardia Urbana. Si las personas ocupantes de la vivenda han sido ya desalojadas, se activarán los Servicios Sociales y de Vivienda para valorar un posible realojo de emergencia. Además, un dia después de que se produzca la acción, se reunirá una comisión de análisis se valorará la socumentación recogida para decidir si se emprende alguna acción judicial.

Convenio con Fiscalía

Además, el consistorio está promoviendo la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Superior de Cataluña en materia de acoso inmobiliario, el cual permitiría, más allá de la creación de la figura del fiscal especializado en delitos de coacción immobiliaria, la puesta en marcha de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Fiscalía Provincial de Barcelona con la finalidad de hacer un segumineto más eficaz de estos casos. De hecho, como ayer recordó Asens, «en el mandato del ex alcalde Jordi Hereu, de 2008 al 2012, hubo un convenio similar, que sin embargo no se renovó posteriormente, de manera que no existe la figura de un fiscal especializado en hacer frente a esta nueva modalidad de mobbing».

En cualquier caso, el gobierno municipal ha decidido «actuar con contundencia» contra este fenómeno, especialmente prolífico en el distrito de Ciutat Vella, y por ello prevé «la creación de una unidad específica de la Guardia Urbana con formación para poder detectar estos casos de mobbing», adelantó Jaume Asens, quien señaló que primero se llevará a cabo una «prueba piloto en Ciutat Vella».