Colau desprecia la tregua ofrecida por Airbnb

La plataforma se compromete a limitar los apartamentos turísticos en Ciutat Vella y Barcelona exige el cese de todos los pisos sin licencia.

La particular batalla que mantienen la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portal Airbnb está lejos de aflojar. Ni siquiera cuando la web de alojamientos turísticos intenta un gesto de reconciliación es bien recibido por el Ayuntamiento. Más bien todo lo contrario. Airbnb quiso escenificar su compromiso con la ciudad y por ello presentó un plan para resolver los problemas generados por la masificación turística en Ciutat Vella. Ni con esas. El revés fue sonoro. Para el Ayuntamiento, la única vía de entendimiento con la plataforma web es conseguir que todos los pisos turísticos que se anuncian dispongan de licencia.

Airbnb, en cualquier caso, puso sobre la mesa un paquete de medidas para acercarse al gobierno municipal. La primera de las medidas sería limitar el número de anuncios que los particulares pueden poner de pisos en Ciutat Vella. Así, cada anfitrión solo podría alquilar un apartamento. Y se reservará el derecho a publicitar con más ahínco a aquellos propietarios que se identifiquen como profesionales, aportando los datos de la empresa. Se trataría, por lo tanto, de gente con licencia, a priori. También se ofrecen a facilitar el pago de la tasa turística a través de la plataforma, pese a que están pendientes de las negociaciones que, según la compañía, se están llevando a cabo con Generalitat y Ayuntamiento. Calculan que, sólo en 2016, se habrían generado unos ingresos de 6 millones de euros en toda Cataluña, buena parte recaudados en la ciudad. Por último, darían impulso a una herramienta de mediación para gestionar conflictos con los vecinos.

El concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, sin embargo, subrayó que la única medida que esperan de Airbnb es que solo publicite pisos que dispongan de licencia. Al fin y al cabo, el litigio entre administración y compañía viene de lejos. El Consistorio ya ha interpuesto a Airbnb una multa de 30.000 euros, contra la que la plataforma ha recurrido, además de la apertura de un proceso sancionador de hasta 600.000 euros. La concejal Gala Pin calificó la propuesta de «insulto».

Según un estudio encargado por el Ayuntamiento, un 60 por ciento de los apartamentos que se anuncian en Airbnb son ilegales, de éstos un 25 por ciento en Ciutat Vella y un 33 por ciento en el Eixample. Por ello, Colom señaló que lo único que quiere la plataforma con el anuncio de estas políticas es ganar tiempo.

Airbnb, por su parte, explicó que en Barcelona hay 11.100 anfitriones activos, que tienen 38 años de media y que, gracias al alquiler de su vivienda, ingresan 5.300 euros anuales. Casi la mitad ofrecen habitaciones y el resto alquila el piso entero. También apuntan que en 2016 se acogieron 1, 25 millones de huéspedes, que se quedaron en la ciudad unas cuatro noches. A su vez, 364.000 barceloneses utilizaron Airbnb para viajar.