El «CNI catalán» iba a «financiar» el asalto al Parlament

En respuesta a la sentencia del «procés» La ocupación de la Cámara catalana se encargó a miembros del ERT, el «sector más radical, clandestino y comprometido» de los CDR.

El «CNI catalán» no solo encomendó presuntamente al núcleo duro de los Comités de Defensa de la República (CDR), el Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la toma del Parlament al hacerse pública la sentencia del juicio del «procés» a los líderes independentistas, tal y como consta en los autos de prisión adelantados por la cadena Ser. Además, según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación, de las declaraciones de algunos de los detenidos –a quienes el juez Manuel García Castellón envió a prisión el pasado jueves por integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos– se infiere que era el propio Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) el encargado de «financiar» los preparativos y la infraestructura necesaria para la propia ocupación de la Cámara autonómica en protesta por la sentencia del Supremo.

El banco de pruebas, según esas mismas fuentes, habrían sido las protestas convocadas por el independentismo durante la reunión del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona en diciembre del pasado año.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón encuadra a los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) en prisión dentro del «sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT (Equipo de Respuesta Táctica)», que considera «una organización con una estructura jerarquizada». El magistrado llega a esta conclusión en uno de los autos de prisión, tras los indicios recabados en las comunicaciones intervenidas, los seguimientos realizados a los imputados y demás diligencias practicadas por la Guardia Civil en los últimos meses, que culminaron hace una semana con la «operación Judas».

En la resolución en la que se acuerda su ingreso en prisión provisional, el instructor se refiere uno de los detenidos, Germinal Tomás Bueso, como «un miembro especialmente activo» del Equipo de Respuesta Táctica que estaría «directamente implicado en la adquisición, fabricación y puesta a pruebas del material explosivo».

La investigación a esta facción radical de los CDR ha puesto de manifiesto, según García Castellón, «la existencia de una organización criminal que cumple con las premisas consideradas características esenciales de la criminalidad organizada» y que, además, tenía un «plan preconcebido» para sembrar el caos en Cataluña en respuesta a la sentencia del «procés».

El magistrado es consciente, además, de que no son todos los que están, pues en ese auto precisa que el ERT está integrado «entre otros» por los nueve detenidos por la Guardia Civil el pasado día 23. Para el instructor no hay duda de la existencia de «indicios racionales claros» de que «todas y cada una de las acciones que los investigados han llevado a cabo pretenden, dentro de la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo (al cual pertenecen) lograr la materialización de la “República Catalana”, mediante cualquier vía, incluidas las violentas».

En esa resolución el juez de la Audiencia Nacional hace referencia a una reunión de varios de los detenidos que se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2018 «en la máxima clandestinidad» y en la que sitúa a una de las hermanas de Carles Puigdemont, Anna. Fuentes de la investigación ratifican que «varios» de los supuestos integrantes del ERT «se vieron con ella», supuestamente para entregarle determinada información sensibe que debía llegar a manos de su hermano en Waterloo.

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