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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció ayer que quiere ampliar el marco temporal más allá de los días comprendidos entre el 4 y 9 de noviembre de 2014, en lo que respecta a la investigación sobre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la pseudo consulta independentista del 9-N. Están acusados por desobediencia.

El Ministerio Público envió un escrito al TSJC en el que se muestra favorable a la petición formulada por UPyD, que pidió precisamente ampliar el periodo de investigación.

En los autos en que admitió a trámite las querellas por el 9-N, el TSJC acordó investigar sólo los actos del Gobierno catalán posteriores al 4 de noviembre, que fue la fecha en la que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la consulta alternativa. No obstante, la Generalitat siguió adelante con la votación.

Por ello, la Fiscalía valora la opinión que se refleja en el recurso de UPyD, al entender que la delimitación temporal que establece el TSJC «resulta un tanto precipitada dada la complejidad de los hechos sometidos a su investigación». «Una restricción temporal tan rigurosa sin una justificación convincente puede provocar incidentes procesales no deseados que dificulten o demoren una verdadera y completa investigación sobre los hechos».

Está de acuerdo la Fiscalía con el recurso, en el que el nombramiento de la comisión de control y de seguimiento del 9-N «se integran con dolo unitario en el mismo iter criminal que desembocó en la realización del proceso de participación ciudadana consumado ese día».

En opinión del fiscal, el condicionamiento de esos actos previos al 4 de noviembre «a los efectos de la vigencia correspondiente no salva su legalidad, sino que es una simple maniobra táctica para eludir la prohibición que al desarrollo del proceso electoral había interpuesto el Tribunal Constitucional».

Por el contrario, el Ministerio Público se opone a la pretensión de UPyD de que se amplíe la investigación por el 9-N al consejero de Interior, Ramon Espadaler, y a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, Núria de Gispert, Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon.